Las graves afectaciones derivadas del conflicto armado en comunidades étnicas de Colombia podrían ser reconocidas como un nuevo patrón macrocriminal por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Esta posibilidad fue discutida en un panel sobre territorio y población durante el cuarto congreso de justicia transicional, organizado por la Procuraduría.
Durante el conversatorio, representantes de comunidades como el Consejo Comunitario de los Ríos La Larga y Turmaradó, Cocolatú, y la comunidad indígena Emberá en Urabá antioqueño compartieron sus testimonios sobre cómo la confrontación armada ha impactado negativamente sus territorios, vulnerando sus modos de vida y tradiciones. Aseguraron que la violencia ha cambiado drásticamente sus usos y costumbres, poniendo en peligro su seguridad alimentaria, su espiritualidad colectiva y la subsistencia de sus culturas.
El consultor socioambiental Larry Medina destacó que los sistemas de justicia del país aún no han garantizado a las víctimas la no repetición de actos violentos. Subrayó la necesidad de incorporar un enfoque territorial en los procesos de la JEP para asegurar que las reparaciones ordenadas a los comparecientes realmente beneficien a las comunidades afectadas.
Este llamado a la acción resalta la urgencia de abordar las profundas heridas del conflicto armado, promoviendo una justicia que respete y salvaguarde la diversidad cultural y los derechos de las comunidades en Colombia.