El juez Yeferson Romaña Tello, del circuito de Quibdó, emitió una orden que autorizaba el millonario embargo del SGR
El gobierno de Colombia presentó una denuncia penal contra el juez Yeferson Romaña Tello por presunto prevaricato, relacionado con la decisión judicial que comprometía recursos destinados a derechos sociales – crédito Tribunal Administrativo del Chocó
El gobierno de Colombia, a través de la Agencia Nacional Minera (ANM), interpuso una denuncia penal contra el juez Yeferson Romaña Tello, del circuito de Quibdó, por presunto prevaricato por acción. La denuncia se basa en una orden emitida en 2016 por Romaña Tello, que autorizaba el embargo de más de 370 mil millones de pesos del Sistema General de Regalías, fondos constitucionalmente inembargables y destinados a financiar derechos sociales como la educación y la salud.
La decisión judicial, que favorecía a particulares con recursos públicos, ha generado gran preocupación en el gobierno. Andrés Idárraga Franco, Secretario de Transparencia de la Presidencia de Colombia, destacó que esta medida pone en riesgo los derechos fundamentales de la población, ya que compromete recursos que deberían ser utilizados para mejorar servicios esenciales.
En respuesta, el gobierno ha solicitado a la Fiscalía General de la Nación que acelere la investigación para evitar que esta orden se ejecute.
Además, ha instado a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial a considerar la queja presentada contra el juez y ha solicitado a la Corte Constitucional que revise una acción de tutela interpuesta por más de 40 alcaldes que temen la pérdida de estos recursos en scus municipios.
El juez emitió una orden que autorizaba el embargo de más de 370 mil millones de pesos del Sistema General de Regalías – crédito Luisa González/Reuters
El gobierno también ha pedido al Banco de Bogotá que realice las verificaciones jurídicas necesarias antes de proceder con la transferencia de los fondos a particulares, para garantizar que se cumpla con la normativa vigente y se protejan los intereses públicos.
Esta situación ha suscitado un amplio debate sobre el manejo y destino de los recursos públicos, con un fuerte llamado del gobierno para asegurar que estos fondos se utilicen conforme a su propósito original: el bienestar social.