Edison Mosquera Agualimpia, natural de las Animas – Chocó, quien hasta hace unos días se desempeñaba como subdirector de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder), fue declarado insubsistente tras graves acusaciones de corrupción y abuso de autoridad en su contra, en el marco de un proyecto minero en el río Cauca. La denuncia fue interpuesta por la empresa Mayo Group S.A.S., quien describe un conjunto de hechos que han desencadenado en un escándalo de alcance regional y nacional, cuestionando la integridad de la gestión pública en el sector ambiental de la región y el país.
Según la denuncia presentada por Mayo Group, Mosquera habría exigido una participación accionaria del 10% en la compañía como condición para agilizar los trámites administrativos relacionados con el proyecto. Este pedido se formalizó el 18 de octubre de 2024 en una reunión en las oficinas de la empresa en Medellín. Los funcionarios argumentaron que los recursos solicitados estaban destinados a financiar una campaña política.
El conflicto comenzó el 11 de octubre de 2024, cuando Mosquera manifestó interés en el proyecto y ofreció “apoyo” para agilizar trámites. Días después, el 15 de octubre, en una reunión en Pereira, habría realizado una solicitud económica preliminar. Finalmente, el 18 de octubre, presentó la exigencia formal de participación accionaria.
Frente a las presiones, Mayo Group tomó medidas para proteger su infraestructura, trasladándose el 27 de octubre a un área autorizada en Caldas. Sin embargo, los problemas continuaron. El 5 de noviembre, la Carder lideró la llamada “Operación Redención” en colaboración con la Policía, la Fiscalía y el Ejército, acusando falsamente a la empresa de minería ilegal. Pese a que no se encontraron pruebas de actividades ilícitas, se incautaron equipos y se suspendieron actividades.
El 24 de diciembre de 2024, la Carder notificó el archivo del trámite de licenciamiento ambiental del proyecto, una decisión que, según la empresa, fue tomada sin agotar el debido proceso y en un claro acto de retaliación administrativa.
Mayo Group respondió con una denuncia penal ante el GAULA de Medellín, acusando a los funcionarios de extorsión, abuso de autoridad, calumnia y prevaricato. Actualmente, el caso está siendo investigado por la Fiscalía 20 Seccional de Medellín. Además, la empresa solicitó la recusación de Mosquera, exigiendo que se designe una autoridad imparcial para garantizar la transparencia en los trámites pendientes.
El operativo masivo del 5 de noviembre, que involucró a más de 120 agentes, generó tensiones en la región. Aunque no se encontraron pruebas de actividades ilícitas, la incautación de maquinaria y las acusaciones públicas dañaron significativamente la imagen de la empresa y su relación con las comunidades locales.
La Carder declaró que defiende la importancia del debido proceso y la transparencia en la gestión pública. El Consejo Directivo de la entidad enfatizó en que no les corresponde calificar las denuncias penales, sino garantizar que las autoridades competentes investiguen a profundidad los hechos.
Además, el Consejo solicitó el apoyo del Gobierno Nacional, a través de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), para abordar las irregularidades en la explotación del río Cauca. Según la entidad, este ecosistema, considerado sujeto de derecho, está siendo afectado por actividades ilegales que requieren una investigación exhaustiva.