Una red mafiosa de corrupción fue desmantelada por la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación tras más de un año de investigación. Esta organización criminal, compuesta por políticos, notarios, inspectores y registradores, se dedicaba al volteo de tierras en los departamentos del Atlántico y Chocó, despojando a legítimos propietarios de sus terrenos y vendiéndolos de manera fraudulenta. La operación ya dejó 17 capturas y se esperan 16 imputaciones más, completando un total de 33 personas judicializadas.
Los implicados, todos con vínculos directos con la administración pública, habrían cometido delitos como peculado por apropiación, prevaricato, cohecho, urbanización ilegal y estafa agravada. Entre los capturados se encuentran registradores de instrumentos públicos, inspectores de policía, notarios y hasta un funcionario de la Alcaldía de Soledad. Estas personas utilizaban su poder institucional para simular legalidad en predios baldíos o en litigio y luego venderlos por millones de pesos.
El engranaje criminal contaba con una estructura perfectamente orquestada: en el frente registral se manipulaban los folios de matrícula, en el notarial se autenticaban escrituras falsas, y desde el poder local se emitían amparos policivos fraudulentos. Este modus operandi, también replicado en zonas del Chocó, permitió el despojo masivo de tierras en varias regiones del país, generando ganancias ilegales que podrían superar los 16 billones de pesos.
Uno de los nombres que más ha generado controversia es el de Lias Enrique Rubí, un político con influencia en Soledad. Aunque aún no ha sido capturado, su nombre figura como el presunto articulador político del esquema. Según las autoridades, facilitaba el nombramiento de funcionarios clave dentro de la red y garantizaba protección institucional para mantener la operación impune durante años.
Este caso es solo la punta del iceberg. Las investigaciones continúan y se están acopiando nuevas pruebas que podrían llevar a más capturas. Mientras tanto, la ciudadanía exige justicia y recuperación de los terrenos robados. El país entero observa con atención el desarrollo de este escándalo que sacude los cimientos de la administración pública en la Costa Caribe.
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