A siete meses de que entre en vigor la Ley de Garantías Electorales por motivo de los comicios legislativos y presidenciales de 2026, ya se encienden las alarmas frente a una posible avalancha de contratos en gobernaciones y alcaldías. Aunque esta norma busca proteger la transparencia y la equidad electoral, muchos mandatarios locales, con el argumento de no frenar la ejecución de sus planes de desarrollo, tienden a acelerar la contratación directa antes de que la ley impida estos procesos.
El riesgo es claro: la prisa por adjudicar contratos antes de noviembre podría abrir la puerta a la corrupción, la falta de selección objetiva y la firma de contratos sin la debida planeación. La historia ha demostrado que en este período previo a la Ley de Garantías, se disparan procesos sin los filtros necesarios, comprometiendo la calidad de las obras y los recursos públicos. Esta práctica pone en entredicho la ética de la contratación estatal y pone sobre la mesa una discusión que, tras 20 años de vigencia de la norma, sigue sin resolverse.
La Ley de Garantías, que estará activa entre noviembre de 2025 y hasta junio de 2026 si hay segunda vuelta presidencial, prohíbe la contratación directa en los entes estatales y limita nuevas vinculaciones en la Rama Ejecutiva. Es momento de que los entes de control, la ciudadanía y los medios pongan la lupa sobre las decisiones que se están tomando desde ya, para que el afán electoral no sea excusa para desviar el buen uso de los recursos públicos.
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