Una serie de acciones legales han sido admitidas por los Juzgados Administrativos del Circuito de Quibdó, marcando un paso significativo en la búsqueda de la protección de los derechos colectivos en varios municipios del departamento del Chocó. El abogado Didier Edinson Moreno Mena, especialista en derecho administrativo, ha interpuesto estas demandas, ahora conocidas como medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos, con el objetivo de garantizar derechos fundamentales consagrados en la ley 472 de 1998.
Las acciones se centran en la protección de la moralidad administrativa, la defensa del patrimonio público, la seguridad y salubridad pública, el acceso a servicios públicos eficientes y oportunos, y la prevención de desastres técnicamente previsibles.
Un punto central de estas acciones legales es la alarmante falta de cuerpos de bomberos en corregimientos como Tutunendo (Quibdó) y municipios como Bagadó, Alto Baudó, Cértegui, Juradó, Nuquí Litoral del San Juan, Medio Atrato, Beté y Rio Iró entre otros.
La Ley 1575 de 2012, Ley General de Bomberos de Colombia, establece claramente la obligación de los alcaldes de garantizar la prestación del servicio bomberil. Ante el creciente riesgo de incendios forestales y domésticos, exacerbado por el calentamiento global y el desarrollo de las comunidades, la ausencia de este servicio expone a los habitantes y visitantes a graves daños evitables, ya sean originados por fenómenos naturales o por la acción humana.
La realidad de esta desprotección se ha hecho dolorosamente evidente con las conflagraciones ocurridas en municipios como Riosucio, Nuquí y Medio Atrato, que han resultado en pérdidas materiales e incluso vidas humanas. La falta de un cuerpo de bomberos local obliga a depender de la asistencia de localidades vecinas, lo que se traduce en largas esperas, a veces de horas, dificultando enormemente la extinción temprana de los incendios, especialmente en zonas donde la accesibilidad depende de la navegación fluvial.
El abogado Didier Edinson Moreno Mena, movido por su vocación humanista y la palpable falta de conocimiento del ordenamiento jurídico en el Chocó, no descarta seguir recurriendo a las instancias judiciales para asegurar el cumplimiento de la Constitución y la ley. Además, extiende una invitación a la comunidad para que no dude en contactarlo ante cualquier vulneración de sus derechos.
La admisión de estas acciones legales abre una luz de esperanza para las comunidades del Chocó, que claman por la garantía de servicios básicos de emergencia como el de bomberos, esenciales para su seguridad y bienestar. El proceso judicial ahora deberá determinar si los municipios demandados han incurrido en omisiones que vulneran los derechos colectivos de sus habitantes.