La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 007 de 2025, señalando una situación crítica de violencia y afectación de derechos humanos en el municipio de San José del Palmar, en el departamento de Chocó. El informe de la entidad advierte sobre los riesgos que enfrenta la población debido a la consolidación territorial del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el creciente interés del Ejército Gaitanista de Colombia (AGC) por la región, lo que ha generado una escalada de violencia, desplazamientos forzados y restricciones a la libertad de movimiento.
Según el documento de la Defensoría, la situación afecta directamente a la cabecera municipal de San José del Palmar, dos corregimientos, tres resguardos indígenas y tres consejos comunitarios. Las comunidades rurales, especialmente en zonas alejadas y de difícil acceso, están siendo sometidas a un contexto de control territorial por parte de los grupos armados ilegales. El ELN, a través de su Frente de Guerra Occidental Omar Gómez, ha impuesto normas de comportamiento, realizado paros armados y generado confinamientos, lo que ha restringido gravemente la movilidad de los habitantes.
Por su parte, el AGC, con su expansión hacia municipios cercanos, ha aumentado la probabilidad de incursiones violentas en San José del Palmar, lo que incrementa el riesgo de enfrentamientos armados directos entre estos grupos. Este escenario ha afectado profundamente la vida cotidiana de los residentes, quienes se ven atrapados entre los intereses y las dinámicas de poder de estos actores armados.
La alerta destaca las comunidades más vulnerables en la región, especialmente mujeres que viven en territorios rurales, niñas, niños, adolescentes y jóvenes, quienes están en riesgo de ser reclutados por los grupos armados ilegales. Además, se subraya la situación de los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes, quienes se encuentran en territorios clave para los intereses del ELN y el AGC, y que, por tanto, están expuestos a mayores amenazas.
La Defensoría hace un llamado urgente a las autoridades nacionales, departamentales y locales para que implementen medidas inmediatas para garantizar la protección de la población civil. Entre las recomendaciones se incluyen la activación de mecanismos de respuesta urgente frente a los riesgos de violaciones de derechos humanos, la implementación de programas de seguridad y desarrollo enfocados en los jóvenes y las mujeres, y el fortalecimiento de la presencia institucional en el territorio afectado. Además, es crucial asegurar la atención humanitaria en las áreas más afectadas, con el fin de mitigar el impacto de la violencia en la vida de las comunidades.
La Defensoría también destaca la responsabilidad del Estado en la prevención de violaciones a los derechos humanos en el municipio y enfatiza que la implementación de estas medidas es esencial para garantizar la seguridad de los habitantes de San José del Palmar, que viven una situación de constante vulnerabilidad y miedo ante el avance de los grupos armados ilegales en su territorio.
El informe de la Defensoría subraya la urgente necesidad de que las instituciones del Estado tomen acciones concretas para proteger los derechos fundamentales de las comunidades en esta región del Chocó, un territorio marcado por la violencia y la falta de presencia del Estado en muchos de sus rincones. La respuesta del gobierno será clave para evitar que la situación de violencia continúe escalando y para salvaguardar el bienestar de los ciudadanos que han vivido durante años en un contexto de inseguridad y abandono estatal.
