La débil presencia de la institucionalidad gubernamental y la fragilidad de las entidades locales llevaron a la Defensoría del Pueblo a realizar jornadas de restablecimiento de derechos en San Isidro, Villa Conto y Paimadó, corregimientos de Río Quito, municipio localizado en la subregión del Atrato, Chocó.
Durante dos días, 11 funcionarias y funcionarios de su regional en el departamento y del nivel central de la entidad dieron atención especializada y profesional, tanto individual como colectiva, a 198 personas (139 mujeres y 59 hombres).
La minería, la agricultura, la pesca y la explotación maderera son las principales fuentes de ocupación del municipio; sin embargo, la minería ilegal tiene una mayor intensidad, lo que representa un factor de vulnerabilidad territorial ante los intereses de financiación de los actores armados ilegales, fuente de la amenaza señala la Defensoría.
Sesión sobre acción de grupo, e identificación de riesgos derivados del conflicto
El equipo de la entidad llevó a cabo una sesión informativa con quienes serían beneficiarias y beneficiarios de un pago —cuya acción de grupo con sentencia confirmada en el fallo 064 del 27 de mayo de 2022, proferido por el Tribunal Contencioso Administrativo del Chocó— que obedece a los daños ambientales y ecológicos ocasionados en la cuenca del río Quito, como consecuencia de la actividad minera.
Las y los servidores públicos de la Defensoría socializaron las etapas desarrolladas en el proceso judicial. Explicaron con detalle su actual estado y recalcaron que, en tanto no haya un pronunciamiento de fondo del juzgado competente, no es posible iniciar el trasmite administrativo de pago. Igualmente, aclararon que la entidad no ha sido notificada sobre la confirmación del grupo de beneficiarios, motivo por el que aún no hay una relación oficial que permita identificar a las personas con derecho al reconocimiento y pago de la indemnización.
La sesión logró reducir la tensión social, brindar mayor claridad jurídica sobre el proceso.