El aumento del desplazamiento forzado de población, Se trata de una situación muy grave, toda vez que triplica −y de lejos− las cifras del año pasado, cuando se registraron 105 eventos de desplazamiento forzado masivo que afectaron a 25.611 personas. Y también son más altos que las 54.665 víctimas en 2023.
Los grupos ilegales aprovecharon la restricción a la operatividad de la Fuerza Pública para aumentar sus ingresos por rentas ilícitas como el narcotráfico y la minería criminal, reclutar centenares de menores de edad, asentarse en corredores estratégicos del multicrimen y arrinconar a la población civil inerme, sometiéndola a masacres, homicidios selectivos, extorsión, secuestros y medidas de ‘control social’ y ‘territorial’.
El confinamiento de población. Es decir, cuando centenares o miles de personas quedan atrapadas en sus casas y veredas por los llamados ‘paros armados’ que ‘ordenan’ la guerrilla y las bandas criminales o, más grave aún, porque los cruentos combates entre estas facciones implican un peligro mortal para quien se movilice.
La dimensión de este otro fenómeno es alarmante: entre enero y julio de este año fueron 62.414 los afectados. No deja de ser paradójico que en 2024 las víctimas llegaron a 107.931 personas.
Aunque la mayoría de los desplazados y confinados se generó por la crisis de violencia del Catatumbo al comienzo del año, en otras zonas también hubo alta afectación. Cauca, Valle, Chocó, Guaviare y el suroccidente del país son otros escenarios de estas crisis humanitarias. Difícil encontrar una evidencia más sintomática de las falencias de la política de paz, seguridad y orden público del actual Gobierno.