Un grupo de organizaciones étnicas, sociales y de derechos humanos de Chocó expresó su respaldo a los próximos diálogos entre el Gobierno Nacional y el Clan del Golfo, aunque advirtió que la paz en esta región sólo será posible si se asegura la vida, la dignidad y los derechos de las comunidades históricamente golpeadas por el conflicto armado.

El pronunciamiento se hizo público el 3 de septiembre en Quibdó a través de un comunicado de 11 puntos, firmado por el Foro Interétnico Solidaridad Chocó (Fisch), Cocomacía, Ascoba, Red de Mujeres Chocoanas, Conpa, Asouwoudach, Camizba, la Diócesis de Quibdó y el Cinep/PPP, entre otras organizaciones.

En el documento, los firmantes reclaman garantías para la vida e integridad de quienes han denunciado violencias en el territorio, y piden que en la mesa de negociación se priorice el cese de la violencia sexual, el despojo territorial y las hostilidades contra la población civil. Mencionan el caso de comunidades como Chanú, en el Alto Río Bojayá, sometidas a confinamiento por el accionar de este grupo armado.

El informe “EGC en Chocó: violencia, poder y miedo”, elaborado por el Cinep junto a estas organizaciones, advierte que la violencia sexual se ha convertido en un mecanismo de control territorial. Señala que muchas mujeres han dejado de realizar actividades cotidianas como pescar, sembrar o barequear, y denuncia que el acoso y las amenazas han sido usados como represalia contra liderazgos femeninos.

Los acercamientos entre el Gobierno Petro y el Clan del Golfo fueron anunciados hace un mes en Tierralta (Córdoba). Según Gerson Arias, investigador de la Fundación Ideas para la Paz, esta organización llega fortalecida a la negociación, con un aumento significativo en sus integrantes: pasó de 3.600 hombres en 2018 a cerca de 10.000 en 2025.

El comisionado de paz, Otty Patiño, sostuvo que ya se definieron las condiciones para instalar una mesa formal en Catar y que, a medida que haya avances importantes, se informará al país. También señaló que se busca la participación directa de las comunidades y el acompañamiento de la comunidad internacional en el proceso.

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