La comunidad de Corriente Palo, en el municipio del Litoral del San Juan (Chocó), vive una crisis educativa alarmante. Desde hace más de ocho meses los niños no cuentan con un solo docente, y el único esfuerzo por brindarles atención viene de una madre comunitaria que, en condiciones precarias, forma y cuida a los menores en una casa prestada y deteriorada, sin baños adecuados y con múltiples riesgos para su seguridad.

Mientras los derechos fundamentales son ignorados, esta lideresa local “trabaja con las uñas”, tapando huecos con trapos y resolviendo como puede la alimentación, el aseo y la formación de niños que van desde los seis meses hasta edad escolar. “No tengo baño, los niños usan basenilla y boto los residuos al río”, denuncia con voz entrecortada, clamando por ayuda al gobierno nacional y municipal.

Los padres de familia también alzan su voz, recordando que esta no es la primera vez que pasan años sin maestros. “Ya van más de cuatro años con solo promesas. Nuestros hijos pierden tiempo valioso, llegan atrasados a otros grados y cuando intentamos inscribirlos en escuelas de la ciudad, los rechazan por su edad”, expresan con impotencia. La ausencia del Estado es evidente, y mientras tanto, crece el riesgo de reclutamiento, deserción y violencia en una zona fuertemente golpeada por el conflicto armado.

Desde el Litoral del San Juan, la comunidad exige al Ministerio de Educación Nacional una respuesta inmediata. No piden favores, exigen derechos. Dos docentes es lo mínimo que requieren para garantizar la educación básica de sus hijos. La transformación social empieza por la escuela. ¡La educación no puede seguir siendo un lujo para los territorios olvidados!

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