Más de 50 habitantes del municipio de Río Quito realizaron una toma pacífica de las instalaciones de la Defensoría del Pueblo en Quibdó para exigir respuestas claras sobre el retraso en los pagos a los beneficiarios del proceso conocido como la acción de grupo por el caso del agua sucia. Durante una reunión con el abogado José Dolores Palacios y representantes de la Defensoría Regional, la comunidad expresó su preocupación por la lentitud del proceso.
Según la información entregada, existen 15.755 personas reconocidas como beneficiarias, pero hasta el momento solo se ha realizado un primer desembolso a 1.291 personas. Además, se anunció que la próxima resolución beneficiará únicamente a poco más de 600 ciudadanos, situación que incrementó el inconformismo entre los asistentes.
Los representantes explicaron que los pagos están bajo la responsabilidad de una fiducia y que los abogados actúan únicamente como intermediarios entre los accionantes y la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, la comunidad manifestó que el ritmo de los desembolsos resulta insuficiente y teme que el proceso pueda extenderse durante varios años si continúa con esa dinámica.
Durante el encuentro también se conoció que, presuntamente, un reducido grupo de personas sería el encargado de revisar y organizar la documentación remitida para autorizar los pagos, lo que, según los asistentes, estaría generando los retrasos. Ante esta situación, los líderes anunciaron que sostendrán una reunión con el Defensor del Pueblo a nivel nacional para solicitar explicaciones y exigir medidas que permitan agilizar el proceso.
Los habitantes de Río Quito hicieron un llamado a las autoridades para que exista mayor transparencia, celeridad y comunicación frente al estado real de los recursos y los desembolsos pendientes. La comunidad aseguró que continuará ejerciendo control social y promoviendo acciones pacíficas hasta que los beneficiarios reciban los pagos que les corresponden.
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