Denuncian expertos en la materia que un número importante de demandas ante el Consejo de Estado, están siendo dilatadas con creativas leguleyadas, que incluyen hacer llegar memoriales en lenguas nativas, documentos en braille y videos en lenguaje de señas. Esto cuando no hay ningún magistrado o sujeto procesal que sea ciego, sordo, o mudo.
Se conoce que actualmente, hay doce gobernadores que están enfrentando procesos de nulidad electoral por doble militancia, cuyas demandas están en manos de la Sección Quinta del Consejo de Estado.
Estas acusaciones incluyen temas como que, durante la campaña electoral, por ignorancia o por el afán de obtener la mayor cantidad de votos, los ahora gobernadores decidieron apoyar a candidatos de otros partidos, cosa que la ley prohíbe. La mitad de esos procesos cuentan con un común denominador. La abogada defensora es la doctora Lucy Jeannette Bermúdez, que fue magistrada perteneciente a la misma Sección Quinta, de la cual fue su presidente y también fue presidente del Consejo de Estado.
Se trata de la doctora Lucy Jeannette Bermúdez, la cual está aspirando a la Procuraduría, y que casualmente, es la persona que representa a varios gobernadores. Entre los que se cuentan: Carlos Andrés Amaya de Boyacá; Carlos Andrés Marroquín del Putumayo, Nicolás Gallardo Vásquez de San Andrés y el de San Andrés y Nubia Carolina Córdoba Curi del Chocó.
Se cree que la razón para que la jurista utilice esa estrategia dilatoria, tiene que ver con el hecho que en esos procesos existe abundante evidencia documental, como videos y fotos que demuestran claramente, la presunta infracción de algunos gobernadores al apoyar a candidatos de otros partidos y la abogada, conoce muy bien la institución de la que fue presidenta, y ante la falta de otra posible estrategia de defensa, ha optado por hacer llegar memoriales en dialectos indígenas, braille y videos en lenguaje de señas. Todo para dilatar.
Esto para después solicitar que tengan que ser traducidos y ante la dificultad de encontrar un intérprete de esos idiomas; los gobernadores demandados tengan que mantenerse en sus cargos, en control de los presupuestos departamentales.
