La situación de los migrantes que atraviesan el Darién desde Urabá antioqueño ha alcanzado un punto crítico. A pesar de que Colombia, Panamá y Estados Unidos han acordado revisar en 60 días las acciones para mitigar la crisis migratoria, el alcalde de Necoclí, Guillermo José Cardona, ha recibido una orden de la Defensoría del Pueblo para construir un centro de atención para migrantes en un plazo de 20 días.
Cardona expresó su sorpresa y preocupación ante esta exigencia, argumentando que el municipio, con serias dificultades económicas, enfrenta ahora la presión de resolver una crisis sin el respaldo financiero necesario. Además, el alcalde cuestionó la eficacia de las reuniones gubernamentales, las cuales no se traducen en inversiones concretas para enfrentar la situación en el lado colombiano.
En una reciente reunión con representantes de Colombia, Panamá y Estados Unidos, Cardona criticó la falta de acciones efectivas y la desarticulación en la atención de los migrantes, quienes provienen de más de 90 nacionalidades y reciben asistencia de múltiples organizaciones internacionales.
Mientras tanto, Colombia, Estados Unidos y Panamá han suscrito una declaración conjunta en la que se comprometen a presentar en 90 días un plan de acción para mejorar la protección de los migrantes y combatir el crimen transfronterizo. Los países también prometieron fortalecer la cooperación para desarticular redes de trata y tráfico de migrantes y mejorar la asistencia humanitaria.
Necoclí, ubicado en una ruta clave para los migrantes, enfrenta graves riesgos sanitarios debido a su vulnerabilidad a enfermedades como la viruela símica y el dengue. En 2023, más de 520,000 personas, en su mayoría venezolanos, cruzaron el Darién, y este año ya han hecho la travesía más de 230,000 migrantes, según cifras oficiales panameñas.
El 20 de agosto de 2024, Panamá inició deportaciones masivas de ciudadanos que ingresaron de manera irregular a través del Darién, con Estados Unidos asumiendo el costo de estas deportaciones.