La Secretaria de Educación Departamental del Chocó, Yina Paola Reales, se pronunció ante las recientes declaraciones de un representante de las comunidades indígenas respecto a la evaluación de los operadores educativos habilitados para el servicio en 2025. Reales explicó que el proceso de concertación para la selección de estos operadores comenzó el año pasado, a través de la resolución 1630, con la participación activa de todas las comunidades involucradas. En caso de discrepancias, se establecieron mesas técnicas, donde se revisaron detalladamente los documentos de los operadores habilitados, con la presencia de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría.
La funcionaria también destacó que, a pesar de que las mesas técnicas permitieron aclarar las diferencias, algunas organizaciones persisten en sus quejas, a pesar de haberse constatado presuntas irregularidades en la documentación presentada. En este sentido, Reales reiteró que las organizaciones tienen la opción de acudir a los organismos judiciales y de control, si consideran que sus derechos no están siendo respetados. De acuerdo con la secretaria, hasta la fecha, no se ha recibido ninguna prueba concreta que respalde las acusaciones de prácticas irregulares por parte de funcionarios públicos en el proceso.
Finalmente, la Secretaria reafirmó el compromiso de la administración departamental con la transparencia en los procesos educativos y reiteró su disposición para recibir pruebas que puedan evidenciar cualquier irregularidad. Reales instó a las organizaciones a presentar formalmente las pruebas y acudir a las autoridades competentes, asegurando que, hasta el momento, no se ha presentado ninguna evidencia que sugiera la existencia de corrupción o favoritismo en la contratación de operadores educativos.