El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda de nulidad contra el decreto No. 0150 del ocho (😎 de febrero de 2024, por medio del cual el presidente de la República, Gustavo Petro, nombró a Luis Gilberto Murillo, como canciller encargado tras la suspensión que en su momento impuso la Procuraduría General de la Nación a Álvaro Leyva Durán, por el caso de los pasaportes.
En la misma decisión, la magistrada Claudia Elizabeth Lozzi Moreno, negó la medida cautelar de suspender inmediatamente del cargo al canciller Murillo, por considerar que no se justificó en debida forma, la necesidad de separarlo de sus funciones en el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Luis Ángel Hincapié Betancur interpuso la demanda que inicialmente había sido inadmitida por varios errores que debían ser subsanados, una vez esto ocurrió nuevamente el alto tribunal analizó el documento y decidió admitirlo para su estudio.
Sin embargo, entre las solicitudes que hizo el accionante se encuentra la suspensión provisional del decreto y que, por ello, Murillo debía ser separado del cargo de canciller, no obstante, dicha petición fue negada.
La magistrada Claudia Elizabeth Lozzi Moreno explicó que se negó dicha medida cautelar, porque la defensa del canciller Murillo presentó una providencia del 5 de junio de 2015 del juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad en la que se aplicó el principio de favorabilidad.
Cabe recordar que Murillo fue condenado en 1997 y por eso, le anularon su elección como gobernador de Chocó en 2013, sin embargo, un juez determinó que, a través del principio de favorabilidad, ya no está inhabilitado y con base en eso, la magistrada también argumentó su decisión. Señaló, además, que mantener al canciller Murillo en el cargo no representa una violación de la ley ni tampoco se reúnen los requisitos que se exigen para imponer la medida cautelar solicitada.
Sobre la admisión de la demanda, el Tribunal de Cundinamarca le otorgó al canciller Murillo 15 días desde la notificación para que responda.
Asociación de cabildos indígenas del Chocó denuncia asesinatos en Bahía Solano y Riosucio
La Asociación de Cabildos, Autoridades Tradicionales Indígenas Emberá Dobida, Katío, Chamí y Tule del Departamento del Chocó (OREWA) emitió una enérgica denuncia ante la opinión pública sobre los recientes asesinatos de miembros de comunidades indígenas en Bahía Solano y Riosucio. A continuación, los puntos clave de su declaración:
1. Rechazo categórico: La asociación rechaza de manera contundente los asesinatos de Juvencio Sanapí Vichiví, Denis Baquiaza Machuca y Ortiliano Quiró Cabrera, quien se encuentra desaparecido. Los hechos ocurrieron en la madrugada del domingo 26 de mayo en Bahía Solano y el municipio de Riosucio. Solicitan a las autoridades competentes esclarecer estos crímenes y tomar medidas para prevenir futuros ataques.
2. Protección de derechos: OREWA vela por la vida y la protección de los derechos humanos de sus pueblos, así como el respeto por su cultura y la autonomía de su territorio.
3. Desplazamientos y confinamientos: Los asesinatos de líderes indígenas, docentes y jóvenes han provocado desplazamientos y confinamientos, afectando gravemente la salud y la seguridad alimentaria de la población, como en el caso del resguardo de Tarena Central, donde los indígenas llevan confinados desde el 7 de marzo debido al asesinato del docente Harrison Valencia Oki.
4. Exigencia de paz: Demandan al gobierno nacional garantizar la paz en los territorios indígenas del Chocó, un anhelo compartido por toda la comunidad.
5. Compromiso con el diálogo y la denuncia: OREWA reitera su disposición al diálogo para buscar soluciones pacíficas, pero también su firmeza en denunciar los actos de violencia en su territorio, reafirmando que no son parte del conflicto armado.
La Asociación hace un llamado urgente a la protección de la vida y la seguridad de la población indígena del Chocó, así como a la acción inmediata de las autoridades para investigar y prevenir estos lamentables hechos de violencia.