Un enfrentamiento de opiniones ha surgido entre el Defensor del Pueblo, Julio Balanta, y el Ministro de Defensa, Iván Velásquez, tras el reciente paro armado en el sur del Chocó. La controversia gira en torno a la cuestión de fomentar las denuncias contra los grupos armados ilegales que ejercen control sobre las comunidades vulnerables en la región.
El Defensor del Pueblo, Julio Balanta, expresó su preocupación sobre el riesgo de revictimización de los habitantes rurales si se les exige denunciar actos criminales en medio del conflicto. Balanta destacó que, en lugar de promover la denuncia, es crucial asegurar la presencia del Estado en las zonas afectadas. «Pedirle a las comunidades que denuncien es revictimizar precisamente a quienes están en el territorio. Lo que necesitamos es la presencia del Estado en el río San Juan, ya que el ELN ha decretado un paro armado públicamente. No es necesario que se denuncie lo que ya es evidente,» comentó Balanta.
En respuesta, el Ministro de Defensa, Iván Velásquez, rechazó la postura del Defensor, calificándola de equivocada. Velásquez argumentó que la colaboración de la comunidad en la entrega de información es fundamental para que las fuerzas de seguridad puedan llevar a cabo sus operaciones de control y protección. «Decir que pedir colaboración de la comunidad revictimiza a la población es una afirmación incorrecta. La información de la comunidad es crucial para las labores de inteligencia y la seguridad,» sostuvo el Ministro.
El paro armado decretado por el ELN afectó a más de 50 mil personas en el Chocó, provocando una crisis de desabastecimiento y problemas de salud. En medio de esta situación, la Defensoría del Pueblo ha subrayado la necesidad de una mayor presencia del Estado en las comunidades, que han estado desatendidas durante más de dos décadas.
Balanta enfatizó que el Estado debe cumplir con sus compromisos y proporcionar medidas de protección efectiva para las comunidades, que han estado esperando asistencia gubernamental durante años. «Lo que nos reclama la comunidad es una presencia más efectiva del Estado, no solo promesas. Hemos llegado al territorio y lo que la gente necesita es un compromiso real y visible por parte del Estado,» concluyó.
La controversia entre la Defensoría y el Ministerio de Defensa refleja las tensiones en la respuesta a la crisis en el Chocó, donde la seguridad y la protección de las comunidades siguen siendo una prioridad crítica en medio del conflicto.