La administración municipal de Cértegui, la Personería Municipal, la Gobernación del Chocó, el Departamento de Policía del Chocó, el Ministerio del Interior – Dirección de Asuntos de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo de Colombia han sido notificadas sobre una próxima manifestación pública y pacífica organizada por el Consejo Comunitario Mayor de Cértegui (COCOMACER). Este acto se llevará a cabo en respuesta a las irregularidades percibidas en la reciente decisión sobre la Junta Directiva del COCOMACER, emitida por la Alcaldía Municipal de Cértegui y ratificada por la Dirección de Asuntos de Comunidades Negras, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior.
Los voceros del comité organizador, Dehiner Garrido Murillo y José Willinton Perea Palacios, han denunciado que la decisión de no reconocer la nueva junta directiva elegida en diciembre de 2022 ha vulnerado el debido proceso. Según argumentan, la administración actual no valoró adecuadamente las pruebas aportadas ni aplicó correctamente la normativa vigente, específicamente el Decreto 1066 de 2015 que regula los procedimientos para la convocatoria y elección de juntas directivas en consejos comunitarios.
En respuesta a estas inconformidades, el comité organizador exige la creación de una mesa técnica para revisar los procedimientos y resolver las disputas en torno a la elección de la nueva junta directiva. Solicitan también la presencia de funcionarios clave, incluyendo al Alcalde de Cértegui, al Ministro del Interior, y otros representantes relevantes, para discutir las irregularidades y buscar una resolución satisfactoria.
La manifestación pacífica está programada para iniciar el 26 de agosto de 2024 en la vía Panamericana que conecta Cértegui con Quibdó. Se solicitará apoyo institucional y logístico para garantizar la seguridad y el bienestar de los participantes, incluyendo provisiones para alojamiento y alimentación. Esta protesta busca resaltar las demandas de la comunidad y presionar por la revocación de las resoluciones que, según los organizadores, han afectado negativamente a la gestión del COCOMACER.
Esta acción se fundamenta en el derecho constitucional a la protesta pública y pacífica, garantizado por el artículo 37 de la Constitución Política de Colombia, y se enmarca en los principios establecidos por el Decreto 003 de 2021, que establece directrices para la actuación de las autoridades en la preservación del orden público durante las manifestaciones. La administración local y las autoridades correspondientes están llamadas a garantizar un manejo adecuado de la situación, priorizando el diálogo y la mediación.
