El gobierno nacional ha interpuesto una denuncia penal contra el juez primero administrativo oral de Quindó, Jefferson Romaña Tello, por presunta comisión del delito de prevaricato por acción. La denuncia se centra en un fallo judicial que ordena el embargo de las cuentas de la Agencia Nacional Minera (ANM), encargada de administrar los recursos del Sistema General de Regalías destinados a la educación, salud y bienestar social en más de mil municipios de Colombia. Esta medida pone en riesgo 370 mil millones de pesos, recursos inembargables según la Constitución, que han sido destinados a reparar a las víctimas de violaciones a derechos ambientales en la cuenca del río Quito, Chocó.
El conflicto judicial se desató luego de que un juez del Chocó fallara a favor de las víctimas de la minería ilegal en el río Quito, quienes, tras una condena estatal en 2016, aún no habían recibido indemnización. Aunque la ANM administra estos recursos, un fallo judicial permitió que el dinero se trasladara de las cuentas de la agencia en el Banco Bogotá a una cuenta en el Banco Agrario para ser usado en reparación de las víctimas, lo que genera incertidumbre sobre la legalidad de esta decisión. Este traslado podría terminar beneficiando a particulares, violando los principios constitucionales que rigen los recursos del Estado.
Ante esta situación, el gobierno nacional ha solicitado una pronta actuación de la Fiscalía General de la Nación y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, pidiendo que se investigue la presunta irregularidad cometida por el juez Tello. Asimismo, se hace un llamado al Banco Bogotá para que se asegure de cumplir con los procedimientos legales antes de ejecutar el traslado de los fondos. La situación genera gran preocupación, ya que podría afectar la ejecución de proyectos fundamentales en más de 40 municipios, dejándolos sin recursos para atender necesidades básicas de la población, lo que podría tener un impacto devastador en miles de colombianos.