En la parte baja del río Opogodó, ubicada en la jurisdicción del Consejo Comunitario Mayor de Condoto – Iró (COCOMACOIRO), un ciudadano ha presentado quejas sobre la supuesta minería no autorizada que se estaría llevando a cabo en la zona. Según el denunciante, José Carmelo López Benítez, se están utilizando maquinaria pesada para la extracción de minerales, a pesar de que solo pequeños mineros tradicionales deberían ejercer dicha actividad en el sector.
El Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó ha admitido la acción de cumplimiento interpuesta por López Benítez, que busca proteger sus predios de esta actividad ilegal. La acción está dirigida contra varias entidades, incluyendo el Departamento de Policía Chocó, la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural (DICAR), y la Unidad de Minería Ilegal (UNIMIL), así como a varias empresas y personas implicadas en la minería en la región.
El juzgado evaluará los documentos aportados por la parte accionante para determinar la legalidad de la actividad minera en el área, donde se encuentran varias comunidades que forman parte de COCOMACOIRO y de los municipios de Condoto y Medio San Juan.
COCOMACOIRO posee 25 títulos mineros, ninguno de los cuales ha sido habilitado para explotación, ya que carecen de aprobaciones de Programas de Trabajos y Obras (PTO) y licencias ambientales. Según la legislación vigente, la Agencia Nacional de Minería es la única autoridad que puede autorizar la exploración y explotación de minerales en el país, incluidos los territorios étnicos.
A través de un proceso de mediación, COCOMACOIRO podría formalizar la minería tradicional con mineros que cumplan con requisitos específicos, como demostrar cinco años de explotación constante. Sin embargo, la situación actual plantea serias dudas sobre la legalidad de las operaciones en el área del río Opogodó.
La denuncia subraya la necesidad de una supervisión más rigurosa por parte de las autoridades competentes para proteger el entorno y los derechos de las comunidades locales, mientras que se espera que el juzgado tome una decisión que determine el futuro de la minería en esta región.