La investigación se inició en su momento por una denuncia del Ministerio de Salud y Protección Social.
Este martes se realizó por parte de la Fiscalía Séptima Seccional de Administración pública, audiencia de formulación de imputación, ante el juzgado 6 Penal municipal de Control de Garantias, de los señores Ever Andrades Casas (gerente saliente del Hospital San José de Tadó) y Cristian Stewar Perea Perea ( pagador).
Se conoció que el Ministerio asignó y transfirió al Hospital San José de Tadó recursos públicos por valor de ($1.200.000.000 y otros) mediante Resoluciones 2268, 1778 y 1832 de 2023.
Estos recursos tenían como destino específico el pago de pasivos, y la adquisición de equipos básicos y biomédicos.
El ente investigador pudo identificar que un total de $218.004.072 que fueron extraídos de las cuentas institucionales sin contar con los soportes mínimos exigidos (facturas, contratos, actas de entrega, registros contables).
El dinero no justificado provenía de las cuentas destinadas a «Equipos básicos», «Pasivos», y «Equipos biomédicos».
Esto sugiere para la Fiscalia, una apropiación irregular por parte del ex-gerente y el ex-pagador, quienes tenían la custodia de los dineros.
Adicionalmente, el exgerente Ever Andrades Casas no entregó un informe a la nueva gerente sobre la gestión de recursos financieros, humanos y administrativos al separarse de su cargo, incumpliendo la Ley 951 de 2005.
Ante estos hechos la Fiscalia les imputo los delitos de Peculado por Apropiación en favor propio y de terceros (Artículo 397 del Código Penal) a título de coautores y en la modalidad de dolo directo.
La pena por Peculado oscilaría entre 96 y 270 meses de prisión, ya que el monto apropiado ($218.004.072) no supera los 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes para 2023.
Al señor Ever Andrades Casas (exgerente) se le atribuye además Prevaricato por Omisión (Artículo 414 del Código Penal) en concurso heterogéneo con el Peculado, La pena por Prevaricato por Omisión es de 32 a 90 meses de prisión.
En la audiencia no se solicitó medida, por no reunirse los requisitos legales que determinan su procedencia.