Fabiola Perea, exempleada doméstica de la actual canciller Laura Sarabia, ha presentado una millonaria demanda contra la Nación por las interceptaciones ilegales de las que fue víctima en 2023. Su historia, marcada por el desplazamiento forzado y la búsqueda de estabilidad, dio un giro abrupto cuando fue señalada como sospechosa del robo de una maleta con dinero en casa de Sarabia. Las comunicaciones de Perea fueron intervenidas sin justificación legal por parte de la Policía, usando como fachada un proceso ficticio vinculado al Clan del Golfo.
Durante la investigación, tanto Perea como otra trabajadora del hogar, Marelbys Meza, fueron incluidas bajo alias criminales en una lista de supuestos colaboradores de bandas criminales, con el único propósito de justificar las interceptaciones. Este hecho provocó una ola de indignación nacional al revelarse el abuso de poder y las violaciones sistemáticas a sus derechos fundamentales, especialmente el derecho a la intimidad, el debido proceso y la presunción de inocencia.
La demanda presentada por Perea exige una reparación económica de cerca de 800 millones de pesos, y se fundamenta en las condenas de varios policías implicados, así como en el trágico suicidio de un coronel de la Policía que estuvo vinculado al caso. Además del daño personal, Fabiola denuncia las graves secuelas emocionales y sociales que sufrió su familia, incluyendo la estigmatización de sus hijos, el miedo constante y la pérdida de confianza en las instituciones.
Este caso, que se convirtió en uno de los mayores escándalos del primer año del gobierno de @petrogustavo, vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre los límites del poder estatal y el respeto a los derechos humanos. La exigencia de justicia de Fabiola Perea es hoy símbolo de resistencia frente a la impunidad y una alerta sobre los riesgos de que el aparato de seguridad del Estado se use como herramienta de persecución personal.
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