Los gobernadores de Chocó, Santander y Norte de Santander han manifestado su preocupación por el deterioro del orden público en sus territorios y han solicitado medidas urgentes al Ejecutivo para enfrentar la violencia que se ha intensificado en el último mes.
El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, advirtió sobre el riesgo de un conflicto entre grupos armados que podría desestabilizar la seguridad en su departamento, como ya ha ocurrido en el Catatumbo. Señaló la presencia de organizaciones ilegales como el Clan del Golfo, disidencias de las FARC y el ELN, así como el impacto de la minería ilegal en la región. Además, expresó su inquietud por el desplazamiento de más de 500 personas que huyen de la violencia.
Por su parte, la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, describió la situación en su departamento como una “crisis humanitaria” debido a los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y el ELN en el municipio de Río Iró. Según sus declaraciones, más de 15.000 personas están confinadas, 1.000 han sido desplazadas y 400 familias han resultado afectadas por el conflicto. Alertó sobre la presencia de minas antipersona en escuelas y caminos, y pidió atención inmediata del Gobierno.
En Norte de Santander, el gobernador William Villamizar señaló que la situación en el Catatumbo sigue siendo crítica, con más de 54.000 desplazados, según datos de la Unidad de Víctimas. Afirmó que los enfrentamientos entre grupos ilegales responden a disputas por el control de cultivos ilícitos, afectando a municipios como Acarí, Tibú, Convención y El Tarra.
Estas solicitudes se producen en medio de cambios en la administración nacional, tras la renuncia del ministro de Defensa, Iván Velásquez, y el nombramiento del general Carlos Triana como nuevo director de la Policía. Mientras tanto, las autoridades departamentales insisten en la necesidad de una respuesta efectiva ante el deterioro de la seguridad en sus regiones.