Siete años después de la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), miles de víctimas de las FARC claman por justicia y reparación, sin que hasta el momento se conozcan condenas contra los responsables de crímenes atroces.
La JEP, creada con la promesa de esclarecer los crímenes cometidos durante el conflicto armado y reparar a las víctimas, aún no ha emitido la primera condena contra los miembros del antiguo secretariado de las FARC. Casos emblemáticos como el de los falsos positivos avanzan lentamente, mientras que los procesos contra las FARC representan una mínima porción, a pesar de los dolorosos testimonios de las víctimas.
Yolanda Perea, una mujer afro que fue abusada a los 11 años por un guerrillero del frente 57 de las FARC, es una de las miles de víctimas que aún esperan justicia. Su madre fue asesinada tras denunciar la violación. Como ella, muchas víctimas no han podido reincorporarse a la sociedad por falta de reparación y justicia, viviendo un calvario por no conocer la verdad o cargando con el dolor del conflicto.
La Federación Colombiana de Víctimas de las FARC (Fevcol), que representa a más de 600 víctimas, denuncia que la reparación por parte de los excombatientes no es sincera, ya que solo han entregado el 7% de su inventario de bienes. Además, muchas víctimas no han podido reincorporarse a la sociedad por falta de reparación y justicia.
Historias como la de Vanessa, reclutada a los 9 años y obligada a abortar cinco veces, o la de Ruth, cuyo hijo fue reclutado y asesinado, evidencian la urgencia de que la JEP avance en las investigaciones y garantice la reparación integral de las víctimas. La justicia para las víctimas de las FARC sigue siendo una deuda pendiente en Colombia.
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