El Juzgado Primero Penal del Circuito de Quibdó, con funciones de garantías, negó en primera instancia la tutela interpuesta por Jesús Carmelo López Benítez, quien solicitaba suspender urgentemente toda actividad de minería ilegal en Nóvita, Chocó. La acción buscaba proteger los ecosistemas del río Tamaná y exigir medidas de restauración ambiental.
En su petición, López también solicitó la intervención permanente de la Policía Nacional y el Ejército para desmantelar campamentos ilegales, garantizar la seguridad de los habitantes y prevenir posibles desplazamientos forzados causados por la presencia de actores armados ilegales en la zona.
Aunque el juez reconoció los graves daños ambientales generados por la minería ilegal en Nóvita, así como la presencia de grupos armados que afectan a varios municipios del Chocó, consideró que las entidades demandadas han venido actuando en defensa de los derechos fundamentales tanto del accionante como de la comunidad.
El fallo resalta que la minería ilegal es un hecho evidente en el departamento, y que representa una amenaza para los derechos colectivos. Sin embargo, según el despacho, no se cumplían los requisitos legales para conceder la tutela como mecanismo inmediato de protección en este caso específico.
Esta decisión abre el debate sobre la efectividad de las acciones institucionales frente a la crisis ambiental y humanitaria causada por la minería ilegal en el Chocó, y pone sobre la mesa la necesidad de mayor presencia del Estado y de políticas más contundentes.
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