Han pasado ya dos años de uno de los escándalos más grandes que ha rodeado al gobierno de Gustavo Petro: el de las “chuzadas” a las empleadas de Laura Sarabia, la mujer más poderosa del gabinete de gustavo Petro. Se trata del proceso del sometimiento irregular al polígraro de Marelbys Meza y Fabiola Perea; cuya investigación desencadenó en el suicidio de un coronel de la Policía, en la condena de otros miembros de la Fuerza Pública por ejecutar las interceptaciones telefónicas y el uso del polígrafo contra las dos mujeres a quienes señalaban del robo de una millonaria suma de dinero en efectivo del apartamento de la ahora canciller.
Como se recordarán a estas dos mujeres las relacionaron con los alias de “la madrina” y “la cocinera”, quienes supuestamente, harían parte o tendrían vínculos con el Clan del Golfo, para de esta manera, interceptar sus comunicaciones durante varios días.
Por todos los hechos y la exposición mediática que esto conllevó, Fabiola Perea, volvió a reaparecer ahora, para exigir reparación económica por los perjuicios ocasionados por las interceptaciones de las que fue víctima.
Fabiola Perea, es la mujer, que se desempeñaba como empleada en el apartamento de Laura Sarabia y de su ex esposo Andrés Parra, la cual ya radicó ante la Procuraduría, mediante el abogado Boris Lombana, una solicitud de conciliación extrajudicial en la que exige una reparación económica por los perjuicios ocasionados por las interceptaciones ilegales.
La solicitud de Fabiola, incluye a sus cinco hijos y en la misma exigen una indemnización correspondiente a 450 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que equivalen a unos $640 millones, por los daños ocasionados tras lo sucedido. Esa cifra, representa los ingresos que dejó de percibir debido a las consecuencias del escándalo, así como el daño moral y psicológico que ella y su familia sufrieron.
La solicitud también señala como responsables de reparación al Departamento Administrativo de la Presidencia, a la Fiscalía General de la Nación, al Ministerio de Defensa y la Policía Nacional.
Además de la reparación económica, Fabiola Perea exige que estas entidades “realicen un acto público de desagravio a las víctimas de las interpretaciones ilegales de estos hechos; donde además, se convoque a las personas implicadas directamente a este asunto, sean o no funcionarios públicos para ese momento”.