PARO ARMADO DEL ELN CONFINÓ A 45,000 PERSONAS EN EL CHOCÓ: DEFENSORÍA DEL PUEBLO URGE ACCIONES INMEDIATAS

La subregión del San Juan en Chocó enfrenta una grave crisis humanitaria tras el anuncio de un paro armado indefinido por parte del ELN, que ha dejado a alrededor de 45,000 personas confinadas en sus comunidades. La Defensoría del Pueblo ha hecho un llamado urgente a las instancias estatales para garantizar los derechos de las personas afectadas.
El paro armado afecta a 85 comunidades afro e indígenas en las cabeceras municipales y sus jurisdicciones rurales de Nóvita, Istmina, Medio San Juan, Sipí y Litoral del San Juan. Esta situación ha llevado a una restricción severa en la movilidad y un acceso limitado a servicios esenciales como alimentación, salud y educación, exacerbando una emergencia humanitaria ya existente debido al conflicto armado y factores ambientales.
La Defensoría del Pueblo advierte que el paro armado y la disputa territorial con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC-Clan del Golfo) están intensificando la crisis. Las comunidades en las cuencas de los ríos San Juan, Sipí, Taparal y Cajón, así como en la carretera Nóvita-Torrá, enfrentan una grave vulneración de sus derechos y libertades civiles, sociales, económicas y culturales. La situación se ve agravada por la limitación del acceso a alimentos y servicios básicos, así como por los efectos del desbordamiento e inundación del río San Juan.
El obispo de Istmina, monseñor Mario Álvarez, ha hecho un llamado al diálogo para que se ponga fin a la guerra y se resuelvan los conflictos que afectan a la población civil. “La comunidad está sufriendo enormemente. Es necesario que tanto el ELN como el Gobierno Nacional se sienten a dialogar para poner fin a esta guerra irracional,” expresó.
La Defensoría del Pueblo solicita que las instituciones estatales coordinen acciones urgentes de prevención y protección para garantizar los derechos fundamentales de los afectados. Se destaca la importancia de atender las Alertas Tempranas emitidas para la subregión del San Juan, que incluyen recomendaciones específicas basadas en los eventos de paro armado anteriores y la situación actual.
Hasta la fecha, el organismo ha estado realizando un acompañamiento continuo a las comunidades afectadas y ha solicitado la implementación inmediata de medidas de protección desde julio pasado. La situación en Chocó requiere una respuesta urgente y coordinada para mitigar el impacto de este paro armado en la vida de miles de ciudadanos.