La reciente suspensión global de los fondos de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) ha encendido las alarmas en Colombia, donde expertos y funcionarios advierten que esta medida podría comprometer la continuidad del acuerdo de paz firmado en 2016 con las FARC.
Colombia, que en años recientes ha recibido hasta 440 millones de dólares anuales en asistencia de USAID, destinaba dichos recursos a más de 80 programas enfocados en la reintegración de excombatientes, la reducción de cultivos ilícitos y el apoyo a comunidades vulnerables, incluyendo indígenas y afrocolombianos. La congelación de esta financiación, decidida bajo la administración del expresidente Donald Trump, ya ha provocado el cierre de varios programas clave.
Luis Gilberto Murillo, exministro de Relaciones Exteriores y exembajador ante Estados Unidos, señaló que los recortes impactan directamente en proyectos relacionados con derechos humanos, consolidación de la paz y desarrollo social, aumentando el riesgo de violencia en regiones históricamente afectadas por el conflicto armado. «Genera mayor vulnerabilidad, ya que el papel de esos programas ha sido determinante», afirmó.
Uno de los programas más afectados es Jóvenes Resilientes, que ofrecía oportunidades educativas y laborales a jóvenes en situación de riesgo, logrando beneficiar a alrededor de 60.000 personas en todo el país. En Quibdó, capital del departamento del Chocó, este proyecto ayudó a rehabilitar a cerca de 200 jóvenes vinculados a bandas criminales. Tras la suspensión de los fondos, la organización cerró sus puertas y despidió a todo su personal.
Líderes locales como Francisco Vidal, secretario de gobierno del Chocó, han manifestado su preocupación por el posible incremento de la violencia y el reclutamiento por parte de grupos armados ilegales. Según él, el sostenimiento de las treguas actuales y la reducción de homicidios dependen no solo de negociaciones con actores armados, sino también del fortalecimiento de programas sociales.
Por su parte, James Hermenegildo Mosquera, representante a la Cámara por las víctimas del conflicto, advirtió que la disminución de los recursos podría afectar la reparación de víctimas y la reforma agraria, pilares fundamentales del acuerdo de paz.
Hasta el momento, ni el Gobierno colombiano, ni USAID, ni el Departamento de Estado estadounidense han emitido comentarios oficiales sobre la posible reactivación de la financiación o la búsqueda de otros donantes.
Los analistas advierten que sin estos recursos, el riesgo de aumento en la producción de cocaína, los desplazamientos forzados y el debilitamiento del proceso de paz es significativo, especialmente en departamentos como Chocó, donde las condiciones socioeconómicas ya son precarias.