Durante el foro “Problemática y retos de la migración en tránsito en Colombia”, realizado en la ciudad de Quibdó, la Contraloría General de la República presentó los resultados de un estudio intersectorial que evaluó la Política Pública Contra el Tráfico de Migrantes en el periodo 2016 – 2023, señalando preocupantes debilidades en su implementación. Entre los principales hallazgos se destacan:
-Desalineación entre la planeación y la implementación de la política pública.
-Vacíos normativos, falta de indicadores y de metas claras para el seguimiento.
-Escasa apropiación territorial de la política y desconocimiento por parte de los entes locales.
-Falta de asignación presupuestal específica para las estrategias, obligando a las entidades a ejecutar acciones desde rubros de funcionamiento, sin poder identificar si estos han sido adecuados o insuficientes.
-El Gobierno Nacional no contempló, en la formulación de la política pública establecida mediante el Decreto 1692 de 2016, los recursos necesarios para su desarrollo. Así mismo, aunque la Ley 2136 de 2021 establece la garantía de asignación de recursos para la implementación de medidas de protección y persecución del delito, las entidades reportaron limitaciones en sus acciones debido a falta de recursos.
Análisis de la DIARI, realizado en el marco del “Modelo Costo Inmigrantes” revela que 1.179.270 migrantes han recibido apoyo estatal, con un costo estimado de $2,93 billones, y advierte un crecimiento acelerado en estos costos.
Entre el 15 de enero y el 30 de abril del año 2025, Migración Colombia registró el ingreso de 7.592 migrantes por vía marítima, desde Puerto Obaldía (Panamá) al corregimiento de Capurganá en el municipio de Acandí-Chocó y de allí, la mayoría se traslada hacia Necoclí en el departamento de Antioquia.