Tras el trágico fallecimiento de un bebé de tres meses perteneciente a las comunidades indígenas desplazadas del Chocó, asentadas en el Parque Nacional de Bogotá, la Procuraduría General de la Nación ha solicitado un informe detallado a la directora General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y al secretario de Salud Distrital de Bogotá
La Procuraduría exige que se presenten y describan las acciones realizadas por estas autoridades para abordar la situación de vulnerabilidad y amenaza de derechos de la comunidad indígena en el mencionado parque, incluyendo la cantidad y caracterización de los Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derecho (PARD) vigentes
Se solicita además información sobre las posibles vulneraciones de derechos identificadas, los casos de riesgo de desnutrición, así como la confirmación de la existencia de casos documentados de trabajo infantil o explotación laboral. También se requiere la especificación de la ruta de atención para menores de edad, mujeres gestantes y lactantes en situaciones de retorno voluntario o reubicación de la comunidad.
La Procuraduría enfatiza la importancia de abordar estos casos desde un enfoque preventivo, étnico, de género e interseccional, para poder enfrentar adecuadamente la compleja problemática que enfrenta esta comunidad en situación de movilidad humana.
Este llamado de la Procuraduría refleja la urgencia de garantizar la protección y el respeto de los derechos de las comunidades indígenas desplazadas, así como la necesidad de una acción coordinada y efectiva por parte de las autoridades competentes para evitar futuras tragedias y asegurar el bienestar de estos grupos vulnerables.