Apenas faltan estas curules y las Cundinamarca para que se defina la conformación departamental de la Cámara.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó desde el pasado viernes que ya se culminó el escrutinio departamental en todo el país y se han adjudicado casi todas las curules: sólo faltan Cundinamarca y Chocó. En el primer caso, todavía se están resolviendo las más de 700 reclamaciones que se presentaron. En el segundo escenario, el tema es más complicado y tuvo que trasladarse a Bogotá el escrutinio y se pospuso la adjudicación de los escaños ante denuncia de supuesta falta de garantías.
El domingo 22 de marzo se celebró la audiencia final de la comisión departamental de Chocó. En las actas de la sesión quedó consignado que después de revisar las 1.280 mesas de la región no se llegó a un acuerdo, por lo que sería la sala plena del CNE la que determine la destinación de las dos curules que le corresponden por ley a los candidatos del Chocó.
No se dieron mayores detalles de las razones por las que la comisión del departamento no tomó una decisión en firme, sólo quedó una observación en el acta final: “Se abstiene de declarar la elección porque existen varias resoluciones apeladas y/o en desacuerdo”. El documento fue firmado por los delegados Wilson Ramiro Angulo y Liza Lorethy Lozano.
Sin embargo, la grabación de la sesión en la que se firmó el acta dio pistas de lo que ocurrió para no llegar a un acuerdo. Una de las delegadas denunció presiones y amenazas que le hacían abstenerse de pronunciarse de fondo en el caso.
“He sido objeto de presiones indebidas, que exceden el ámbito profesional. Esta situación ha tocado el marco familiar. A ninguno de los miembros de esta mesa les han llamado a sus familias, a sus padres y a familiares para injuriar y calumniar. A ninguno, sólo a mí. Es una circunstancia que ningún servidor público debe vivir”, dijo la delegada Lisa Lozano, que aseguró que incluso tuvo que salir escoltada de una de las sesiones de escrutinio: “Me tuvieron que recoger porque sentía miedo”.
Lozano no ahondó sobre las presiones que habría sufrido y que la hicieron negarse a llegar a un acuerdo final. Lo que es cierto es que las sesiones de escrutinio en Chocó estuvieron cargadas de polémica durante su desarrollo, sobre todo ante el pequeño margen que había entre el Partido de la U y la coalición liderada por el Partido Conservador para hacerse con la segunda curul del departamento, debido a que la primera la ganó con amplia distancia el Partido Liberal.
La diferencia era de poco más de 1.000 votos, por lo que la pelea entre colectividades era voto a voto y hubo señalamientos de lado y lado. Precisamente la colectividad azul se manifestó en los días anteriores sobre las polémicas alrededor del conteo oficial de los votos: “Desde el Partido Conservador reiteramos nuestro llamado a las autoridades electorales sobre los hechos que hemos venido denunciando desde el pasado 8 de marzo en el departamento de Chocó en el marco del proceso electoral: inconsistencias entre preconteo y escrutinio las cuales exigen una revisión transparente y el acompañamiento de las veedurías y autoridades”.
En la última sesión también quedó testimonio de esta puja por cada voto. Hubo un duro debate sobre la exclusión de algunas mesas que podrían acortar aún más el margen y cambiar el resultado final entre ‘la U’ y conservadores.
Antes de la denuncia sobre las supuestas amenazas y presiones indebidas, el segundo de los delegados, Wilson Angulo, dejó constancia de que no se pudieron poner de acuerdo en términos jurídicos por los que prefirieron pasar la resolución a una instancia superior. “Tres circunstancias no nos han permitido ponernos de acuerdo”, señaló.
De acuerdo al delegado, son los resultados de tres mesas las que no habrían permitido ponerse de acuerdo y por lo que trasladaron la determinación a la capital del país. La delegada Lozano aseguró que habría al menos dos mesas más con las que no estaba de acuerdo, pero esta no dio detalles sobre estos diferendos. Por eso, la audiencia final solo se centró en los tres casos expuestos por el delegado Angulo.
Los dos primeros casos serían muy similares y hacen referencia a la mesa 2 del puesto de Dipurdú en el municipio del Medio San Juan y la mesa 1 del puesto Real de Tanando en el municipio de Atrato (Yuto). En estos dos puntos, los formularios E-14 no fueron firmados.
EL TIEMPO accedió a dichos documentos y comprobó que ninguno de los dos tiene la firma de los jurados que supuestamente diligenciaron el documento en el que se registran oficialmente los votos.
La tercera mesa que tenía cuestionamientos se debía a que desaparecieron los formularios E-14 durante el escrutinio. Este diario también pudo comprobar que no había respaldo de dicho documento en los sistemas de la Registraduría.
Para la delegada Lozano, la ley es clara en que debía excluirse la votación de las tres mesas. Se fundamentó en la ley electoral que dice que el formulario E-14 es el documento oficial para el escrutinio y en lo que dice el artículo 5 de la ley 163 de 1994: “Las actas de escrutinio de los jurados de votación serán válidas cuando estén firmadas, al menos, por dos (2) de ellos”. Señaló que bajo ambas normativas está claro que ninguna de las mesas en cuestión debía tenerse en cuenta.
En cambio, para el delegado Angulo, debía primar la prelación del voto: “La ausencia de firma de los jurados del E-14 constituye una irregularidad de carácter formal, que no tiene la identidad suficiente para invalidar la votación”, declaró. Aseguró que debe privilegiarse el derecho al voto y a que sea contado: “Los tres puestos deben ser sumados y dar los votos a cada candidato”.
Ante dichos argumentos, la delegada Lozano se mantuvo en que debían excluirse del resultado final las tres mesas: “Las razones por las que senté mi desacuerdo son apegadas a la ley”. En ese sentido advirtió que hubo un debate debido a que su compañero de delegación dijo que si se aceptaba una mesa debían aceptarse todas, en cambio esta propuso que se debía estudiar cada caso por separado.
Para la delegada Lozano, la ley es clara en que debía excluirse la votación de las tres mesas. Se fundamentó en la ley electoral que dice que el formulario E-14 es el documento oficial para el escrutinio y en lo que dice el artículo 5 de la ley 163 de 1994: “Las actas de escrutinio de los jurados de votación serán válidas cuando estén firmadas, al menos, por dos (2) de ellos”. Señaló que bajo ambas normativas está claro que ninguna de las mesas en cuestión debía tenerse en cuenta.
En cambio, para el delegado Angulo, debía primar la prelación del voto: “La ausencia de firma de los jurados del E-14 constituye una irregularidad de carácter formal, que no tiene la identidad suficiente para invalidar la votación”, declaró. Aseguró que debe privilegiarse el derecho al voto y a que sea contado: “Los tres puestos deben ser sumados y dar los votos a cada candidato”.
Ante dichos argumentos, la delegada Lozano se mantuvo en que debían excluirse del resultado final las tres mesas: “Las razones por las que senté mi desacuerdo son apegadas a la ley”. En ese sentido advirtió que hubo un debate debido a que su compañero de delegación dijo que si se aceptaba una mesa debían aceptarse todas, en cambio esta propuso que se debía estudiar cada caso por separado.
Al final, no se llegó a un acuerdo final entre delegados y el tema pasó a la esfera de Bogotá. Y es que se estima que la exclusión de las mesas implicaría alrededor de 600 votos menos, lo que podría significar un cambio de manos en la segunda curul. En este momento ese escaño estaría en manos del Partido de la U, específicamente la actual representante Astrid Sánchez Montes de Oca.
EL TIEMPO pudo hablar con la representante chocoana y esta se manifestó a favor de la tesis que le entregaría la curul. En ese sentido negó cualquier relación con las denuncias de presiones y amenazas denunciadas por la delegada Liza Lorethy Lozano: “no tengo nada que ver con presiones”. En cambio, puso en duda la idoneidad de la delegada, afirmó que es “una persona que no está preparada jurídicamente” y denunció que está “sancionada por la Procuraduría”. Este diario conoció los antecedentes disciplinarios de Liza Lozano. Si bien es cierto que tuvo una sanción, fue de apenas dos meses y quedó ejecutoriada en mayo de 2025.
Más allá de los señalamientos de parte y parte, la competencia pasó a la sala plena del CNE. El caso quedó en manos del magistrado Álvaro Echeverry, que se espera que en los próximos días proyecte una decisión final sobre el caso.