El Tribunal Administrativo del Chocó celebró el pasado viernes una importante audiencia sobre la demanda presentada por varios habitantes de los barrios San Francisco y Primero de Mayo de Istmina. La demanda fue interpuesta contra el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Minas y Energía, CODECHOCÓ, la Gobernación del Chocó, la Alcaldía de Istmina y el Servicio Geológico Colombiano. El objetivo de la acción es hacer frente a las graves afectaciones ambientales ocasionadas a la Quebrada San Pablo debido a las actividades mineras ilegales que se realizan en la región.
La acción de grupo fue impulsada en 2017 por los afectados, quienes aseguran que la minería extractiva ilegal, la explotación forestal no regulada y el uso de sustancias tóxicas como cianuro, mercurio y amalgama han causado daños irreparables en el ecosistema local. Los demandantes denuncian que estos factores no solo han afectado gravemente el medio ambiente, sino que también han impactado la salud de los habitantes, la seguridad alimentaria y el acceso a agua potable, así como los derechos colectivos y particulares de la comunidad.
La denuncia señala que la minería mecanizada ha destruido la capa vegetal, alterado el cauce natural de la quebrada y provocado el taponamiento de afluentes, lo que ha generado un proceso de sedimentación que ha dejado la quebrada en condiciones irreversibles. Los habitantes de la zona expresan que el agua de la Quebrada San Pablo ya no es apta para el consumo humano ni para otras actividades esenciales, lo que agrava aún más la situación de salud y bienestar de la población local.