En un año marcado por el fracaso total de la política de “paz total” del gobierno Petro, el departamento del Chocó se encuentra en el epicentro de la crisis humanitaria. Según el informe más reciente de la Defensoría del Pueblo, al menos 18.921 personas en el Chocó han sido víctimas de confinamiento forzado en los primeros nueve meses de 2025.
Este número alarmante forma parte de una tragedia nacional que ha afectado a más de 192.000 colombianos por desplazamiento masivo y encierro impuesto por grupos armados, pero en Chocó el impacto es devastador, limitando el acceso a alimentos, educación y salud para familias enteras.
El reporte de la Defensoría, titulado «Movilidad humana forzada en Colombia», revela que el confinamiento en Chocó es el más alto del país, superando a otras regiones golpeadas por el conflicto. «Las restricciones impuestas por actores armados han convertido comunidades enteras en prisiones al aire libre», explica el documento oficial.
En septiembre solo, el país registró un explosivo aumento: 11 eventos de confinamiento que impactaron a 30.062 personas a nivel nacional, un 149% más que el año anterior. Aunque el informe no detalla eventos específicos en municipios chocoanos como Medio Atrato o Alto Baudó, la tendencia es clara: la presencia de grupos ilegales sigue sembrando terror, obligando a familias indígenas y afrodescendientes a quedarse en sus territorios sin poder moverse libremente.
¿Qué significa esto para las comunidades del Chocó?
Significa no poder salir de la vereda para sembrar, cazar, pescar o llevar a los hijos a la escuela. Eso es el confinamiento: un encierro invisible que dura días, semanas o meses, dejando a las familias sin ingresos ni atención médica.
A esto se suma el desplazamiento forzado masivo, que en el país dejó a 91.514 personas sin hogar. En septiembre, 12 eventos desplazaron a 3.302 individuos, un incremento del 149% frente a 2024. Aunque Chocó está en cuarto lugar en cifras de desplazamiento puro, el confinamiento prolongado deriva en huidas desesperadas hacia Istmina, Quibdó, Antioquia, Risaralda o Valle del Cauca.
La Defensoría del Pueblo no se queda en números fríos. El informe urge al Gobierno Nacional y a las autoridades locales a activar «respuestas integrales» que incluyan:
Rutas de protección inmediata para comunidades en riesgo, con énfasis en mujeres, niños y líderes sociales.
Coordinación para desminado humanitario, ya que las minas antipersonal agravan el encierro en zonas rurales.
Garantía de educación continua y acceso a servicios básicos, adoptando enfoques diferenciales para indígenas y afrocolombianos.
Prevención de 20 situaciones inminentes de confinamiento o desplazamiento reportadas en septiembre.
«Chocó no puede esperar más. Nuestros ríos y selvas son testigos de demasiado sufrimiento», afirma un extracto del documento. La Defensoría ya ha atendido miles de casos en la región, pero insiste en la necesidad de recursos para una protección territorial efectiva, alineada con el Acuerdo de Paz de 2016.
En medio de esta crisis, líderes comunitarios de Nuquí y Bahía Solano alzan la voz. «El confinamiento nos roba la dignidad. No podemos ni enterrar a nuestros muertos sin permiso de los armados», relata una madre en el informe. Organizaciones locales como la Mesa de Víctimas del Chocó claman por mayor visibilidad: «Estos números son nuestras vidas destrozadas. Exigimos que el Estado nos proteja, no solo nos cuente».
Este reporte llega en un momento crítico, con elecciones a la vista e incumplimiento de promesas de inversión en servicios públicos e infraestructura.