El nuevo ‘paro armado’ que el Eln impuso a la población en Chocó evidencia que, desafortunadamente, los planes de contingencia que el Gobierno y la Fuerza Pública han activado de manera reiterada para recuperar el control territorial en este atribulado departamento, no han resultado.
Por el contrario, los violentos están haciendo y deshaciendo en muchas zonas chocoanas, en donde la población, sobre todo la indígena y afrodescendiente, es constante víctima de asesinatos, masacres, desplazamiento y confinamiento forzados, amenazas y otro tipo de hostilidades.
En los últimos dos años los ‘paros armados’ del Eln, en esta región llegan a 12, incluso en medio de los endebles ceses el fuego, afectando a cada tanto decenas de miles de habitantes.
Aunque no en pocas ocasiones la gobernación y otras autoridades civiles locales han urgido al Ejecutivo que tome medidas de fondo para neutralizar definitivamente a estas facciones criminales, la respuesta reiterada ha sido el envío temporal de contingentes militares y policiales que si bien logran por algunas semanas recuperar algo de orden público, cuando las tropas se retiran vuelven a imperar los violentos.
Tras lo ocurrido en el Catatumbo, en donde quedó claro que acudir a estados de excepción para enfrentar crisis de orden público no es lo más conveniente, es imperativo que desde la Casa de Nariño y el Ministerio de Defensa se adopte una estrategia más eficiente para Chocó.
No puede la institucionalidad resignarse a que a cada tanto una facción delincuencial restrinja la movilidad de la población y la mantenga bajo amenaza permanente. Retenes ilegales en vías terrestres y fluviales, instalación de explosivos en zonas de alto tráfico de civiles, ataques a la Fuerza Pública, secuestros, quema de vehículos, coacción a las alcaldías y una crisis humanitaria generalizada… Esa es la dura realidad en Chocó.
La situación es más compleja porque la mayoría de estos ‘paros armados’ se han dado en el marco de la guerra sin cuartel entre grupos criminales de toda laya por el dominio de enclaves del narcotráfico, minería criminal, contrabando de armas, tráfico de migrantes y otros delitos de alto impacto. El Estado asoma ausente en este difícil escenario.
La conclusión, entonces, es una sola: Chocó es una prueba más de la ineficacia de la política de seguridad y paz de un Gobierno al que los violentos le están ganando la partida.
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