El departamento del Chocó se encuentra en alerta máxima debido al paro armado impuesto por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que ha sumido a al menos cinco municipios en una profunda crisis de seguridad. Las localidades de Tadó, Carmen de Atrato y Lloró se encuentran especialmente afectadas, con presencia de banderas del grupo armado, cilindros explosivos y artefactos sin identificar en las vías. Esta situación ha generado un clima de miedo entre la población y los transportadores, lo que ha reducido el tránsito vehicular y afectado la economía local, especialmente en las zonas rurales.
Para hacer frente a la emergencia, el 18 de febrero se convocó un consejo de seguridad extraordinario en el que participaron la Fuerza Pública, la Defensoría del Pueblo, la misión de verificación de la OEA y los alcaldes municipales. Durante la reunión, se acordó activar un puesto de mando unificado (PMU) para monitorear la situación y coordinar las acciones de respuesta. Además, se implementó un modelo de educación en emergencia para garantizar que los niños no pierdan el ciclo escolar, mientras se trabaja en la llegada de ayuda humanitaria a las zonas más afectadas por la violencia.
La Gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, destacó la importancia de la colaboración entre las autoridades locales, la Fuerza Pública y la sociedad civil para abordar esta grave crisis. “Estamos trabajando incansablemente para atender las necesidades de la población, incluyendo la identificación de personas confinadas y desplazadas”, afirmó Córdoba. En medio de la emergencia, las autoridades continúan monitoreando de cerca los actos de constreñimiento y amedrentamiento por parte del ELN, mientras se esfuerzan por garantizar la seguridad y el respeto a los derechos humanos en todo el territorio chocoano.