La Contraloría General de la Nación informó sobre la detección de hallazgos fiscales que superan los 53.000 millones de pesos en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE), tras auditorías realizadas durante 2025 a recursos ejecutados en 2024 y en vigencias anteriores.
Según el ente de control, se llevaron a cabo 40 actuaciones de control fiscal en distintas zonas del país sobre recursos del Presupuesto General de la Nación, entidades territoriales y del Sistema General de Regalías. Las revisiones permitieron identificar sobrecostos, pagos sin soportes y fallas en la contratación que inciden en la prestación del servicio de alimentación a estudiantes.
La mayor parte de las irregularidades corresponde a sobrecostos, que suman 18.106 millones de pesos. También se reportaron pagos sin soportes de ejecución por 2.790 millones, problemas en la ejecución contractual por 2.706 millones e incumplimientos de lineamientos técnicos del programa por 649 millones.
De acuerdo con la Contraloría, la región Centro Oriente concentra el mayor monto observado, con nueve hallazgos que alcanzan 12.363 millones de pesos. Uno de los casos más representativos se presentó en Soacha, donde se evidenció un posible detrimento de 3.550 millones de pesos por pagos que habrían superado los valores realmente ejecutados.
En Boyacá, las auditorías revelaron diferencias entre los valores reconocidos y los pagados a manipuladoras de alimentos, lo que derivó en un presunto daño fiscal estimado en 2.010 millones de pesos.
El organismo de control también manifestó preocupación por el inicio tardío del PAE en 2026. De acuerdo con sus estimaciones, cerca de 800.000 estudiantes podrían verse afectados porque la entrega de la alimentación escolar no coincide con el comienzo del calendario académico en 12 entidades territoriales, entre ellas Magdalena, Cesar, Huila, Valledupar, Chocó, Quibdó, Palmira, Armenia, Facatativá, Yopal, Pitalito y Buenaventura.
Finalmente, la Contraloría hizo un llamado a las autoridades territoriales y al Gobierno Nacional para asegurar la prestación oportuna del servicio y evitar que estas situaciones continúen afectando a niños, niñas y adolescentes que dependen del programa para permanecer en el sistema educativo.