La comunidad indígena emberá, desplazada por el conflicto armado y acogida en Bogotá, enfrenta una crisis profunda, agravada por el control de ciertos líderes que obstaculizan el acceso a derechos básicos para mantener el flujo de subsidios estatales. La Unidad de Protección Integral (UPI) La Rioja se ha convertido en un foco de conflicto, con denuncias de cifras infladas y caos en la distribución de ayudas.
Fuentes cercanas al caso revelan exigencias de pagos millonarios para la caracterización necesaria para el retorno, imposición de contratos inflados y el uso de niños como escudos humanos durante disturbios, en lugar de asistir a las escuelas donde tienen garantizado transporte y alimentación.
El poder se ejerce de manera coercitiva, con prácticas como el uso del cepo bajo el pretexto de la tradición, lo que ha generado alarmas sobre violaciones a los derechos humanos. Líderes como Rosmira Campo, Ubiel Queragama, Walter Queragama, Saúl Arias, Carlos Murillo y Wilmar Arias organizan ocupaciones y condicionan las decisiones del Distrito.
La falta de liderazgo nacional agrava la situación. La rotación constante de funcionarios en la Unidad para las Víctimas ha generado descoordinación, incumplimientos y desconfianza en la comunidad. El abandono de territorios como el Alto Andágueda en Chocó, donde niños emberás han muerto por falta de atención médica, evidencia la falta de voluntad política nacional.
Bogotá, con una inversión que supera los 32 mil millones de pesos en atención a esta población, asume una carga que no le corresponde por completo. La solución requiere presencia efectiva del Gobierno Nacional y acciones reales en los territorios, donde la falta de infraestructura básica y condiciones para una vida digna son evidentes.
Es imperativo que las autoridades actúen con firmeza y transparencia, priorizando el bienestar colectivo sobre los intereses particulares. No se puede permitir que unos pocos lucren con la necesidad de muchos, ni que se use a niños como herramientas de presión política. Es hora de que entidades como @UnidadVictimas, @MinInterior, @ICBFColombia y @GobiernoColombia asuman su rol. La crisis emberá no se resuelve con subsidios temporales, sino con justicia social, verdad y dignidad en los territorios.
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