La población de Vigía del Fuerte, Antioquia, lleva casi dos años sin energía eléctrica tras la falla de la subestación que se inauguró con bombos y platillos en diciembre de 2021. El proyecto, que costó más de 30.000 millones de pesos, representaba una esperanza de desarrollo para los 9.000 habitantes del municipio, pero desde el vendaval ocurrido en agosto de 2023, el servicio quedó completamente suspendido, sin que hasta la fecha se haya logrado una solución definitiva.
La subestación había sido producto de un acuerdo entre la Gobernación de Antioquia, el municipio de Vigía del Fuerte y Murindó, con la instalación de más de 160 kilómetros de redes eléctricas. Sin embargo, la falta de un plan de mantenimiento y administración dejó la infraestructura vulnerable. «El primer arbusto que se cayó dañó todo», lamentó el gobernador Andrés Julián Rendón, quien además denunció la negativa de la empresa encargada del proyecto a asumir su responsabilidad.
Mientras tanto, la comunidad ha tenido que volver al uso de plantas eléctricas a gasolina, un sistema costoso e insostenible que requiere más de 60 galones de ACPM por vivienda, y que limita por completo el acceso a servicios básicos como refrigeración, conectividad y educación. Para muchos habitantes, el apagón es también un retroceso en su dignidad y calidad de vida, en un municipio que por décadas ha sido marginado por el Estado.
Pese a los obstáculos, el gobierno departamental ha destinado 3.500 millones de pesos
para buscar soluciones junto a la Gobernación del Chocó. Pero la comunidad sigue esperando respuestas. La energía no es un lujo, es un derecho. Y en Vigía del Fuerte, ese derecho sigue siendo una promesa incumplida que oscurece el presente y amenaza el futuro.
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