La crisis de orden público en el departamento del Chocó sigue agravándose, luego de que la Gobernación confirmara que 6.047 personas permanecen confinadas en la subregión del Bajo Baudó, debido a amenazas de constreñimiento armado indefinido por parte del ELN. Las comunidades afectadas incluyen 16 poblaciones afrodescendientes y 10 indígenas que hoy enfrentan serias limitaciones para su movilidad y acceso a alimentos.
Ante este panorama, la Armada Nacional ha intensificado su presencia en los ríos Docampadó, Ijúa y Orpúa, zonas donde la amenaza del grupo armado ilegal sigue latente. En las últimas horas, también se han reportado combates que aumentan el temor entre los habitantes de la región.
La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para reforzar la presencia militar y garantizar acompañamiento permanente a las comunidades afectadas. Asimismo, anunció el envío de ayudas humanitarias para mitigar la difícil situación que enfrentan miles de familias.
Las autoridades han advertido que el ELN ha incrementado la violencia en el departamento, utilizando drones y granadas para atacar a la Fuerza Pública. Uno de los hechos más recientes fue el ataque a la Estación de Policía de Santa Rita de Iró, que hace parte de una serie de al menos cinco acciones armadas registradas en municipios como Sipí, Guarato y San José del Palmar.
Mientras continúa la disputa territorial en el Chocó, la población civil sigue siendo la más afectada, atrapada en medio del conflicto armado. Organismos de seguridad y entidades gubernamentales mantienen la alerta máxima para evitar una mayor escalada de violencia y atender la emergencia humanitaria.
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