La implementación de la Reforma Agraria enfrenta una creciente resistencia en varias regiones del país. La Agencia Nacional de Tierras (ANT) denunció hostigamientos y amenazas por parte de grupos armados ilegales en departamentos como Chocó, Antioquia, Córdoba, así como en sectores del Magdalena Medio, donde se desarrollan procesos de recuperación, adquisición y formalización de predios.
De acuerdo con la entidad, la situación es particularmente crítica en municipios como Puerto Boyacá, La Dorada y Cimitarra, donde se ha identificado un riesgo inminente. Según las investigaciones, estructuras del Clan del Golfo, bajo el mando de alias ‘Botalón’, estarían ejerciendo presión armada para evitar la intervención del Estado en tierras que históricamente han sido asociadas al narcotráfico y el paramilitarismo.
“El avance de la Reforma Agraria está siendo recibido con amenazas y control ilegal del territorio. Necesitamos medidas urgentes. Los intereses criminales no pueden seguir marcando la agenda en estas regiones”, afirmó Felipe Harman, director nacional de la ANT, quien solicitó protección inmediata para los equipos que trabajan en campo.
Las amenazas han paralizado por completo la labor institucional en zonas como el Bajo Cauca antioqueño, donde el denominado ‘plan pistola’ ha obligado a suspender las actividades de funcionarios durante más de dos semanas.
En Antioquia, en municipios como Yondó, Necoclí, Mutatá, Caucasia, Remedios y Sonsón, se han reportado restricciones de movilidad impuestas por actores armados, mientras que en San José de Uré (Córdoba) y Unguía (Chocó) la violencia ha derivado en amenazas directas contra personal técnico de la Agencia.
Casos graves también se registran en Remedios y Puerto Nare, donde ha sido imposible continuar con la revisión de más de 2.000 hectáreas por razones de seguridad. En varios predios, presuntos cuidadores vinculados a estructuras ilegales han exigido la retirada inmediata de los funcionarios.
La ANT aseguró que estas acciones no solo ponen en riesgo la vida de sus equipos, sino que también perpetúan el despojo y obstaculizan que la tierra llegue a las comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas, tal como lo establece la ley.