La Contraloría General de la República, a través de su Delegada para el Sector Educación, Ciencia y Tecnología, Cultura, Recreación y Deporte,adelantó auditoría a la gestión fiscal desplegada para el pago de pensiones, cesantías y prestación de servicios médicos asistenciales a docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio- FOMAG- y sus beneficiarios, en la que se detectaron hallazgos fiscales por $81.593 millones.
Esta auditoría financiera se adelantó durante el primer semestre de 2025, sobre la vigencia 2024, producto de la cual se configuraron veintiún (21) hallazgos, de los cuales, veinte (20) tienen presunta connotación disciplinaria, tres (3) tienen presunta incidencia penal, uno (1) otra incidencia para la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, y siete (7) incidencia fiscal por $81.593 millones. Se evaluaron tres componentes principales: Pensiones, cesantías y servicios de salud del Magisterio, incluyendo el nuevo modelo.
Como resultado de esta auditoría se encontraron inconsistencias en la gestión de cobro de cartera y la adecuada depuraciónde obligaciones prescritas, la provisión de procesos judiciales en contra del Fondo, el registro de mesadas pagadas con posterioridad al fallecimiento de los destinatarios, la falta de registro de provisiones de facturas de salud pendientes de auditoría con reserva presupuestal. Por la ineficiente gestión en el cobro de cartera, se constituyó hallazgo con incidencia fiscal, por cerca de$23.800 millones.
Nuevo modelo de salud. Por otra parte, en desarrollo de esta auditoría se recibieron hechos noticiosos, por la presunta conformación indebida de grupos empresariales para el favorecimiento de algunas IPS, así como la presunta constitución de sociedades ficticias y la destinación de recursos a sociedades radicadas fuera del país con fines de presunto ocultamiento de recursos y enriquecimiento ilícito.
Igualmente, se han denunciado presuntos casos de interés indebido en la celebración de contratosde transacción. Estas situaciones pueden constituir presuntos hechos penales, que fueron trasladados a la Fiscalía General de la Nación para lo de su competencia.