El fallo judicial asegura que el grupo guerrillero convirtió el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en una práctica ilegal, sistemática y continua, al menos en cinco departamentos del país.
Un juez penal de conocimiento del departamento de Antioquia emitió sentido de fallo condenatorio contra 11 cabecillas del ELN, incluidos integrantes del denominado Comando Central de la guerrilla y los jefes del Frente de Guerra Occidental, por su responsabilidad en la vinculación forzada de 60 niñas, niños y adolescentes.
Los casos involucran los departamentos de Antioquia, Chocó, Risaralda, Valle del Cauca, Bolívar y la región del Bajo Cauca antioqueño.
La investigación de la Fiscalía liderada por la Dirección Especializada contra las violaciones a los Derechos Humanos documentó múltiples modalidades de captación: desde amenazas directas hasta promesas de trabajo, presión sobre familiares y manipulación ideológica, lo que permitió al grupo armado engrosar sus filas con menores de edad como combatientes, mensajeros, centinelas o en labores de apoyo logístico.
Este patrón confirma que dicho reclutamiento no fue un hecho aislado, sino una práctica sistemática y continua, tal como lo demuestra la acumulación de evidencias y testimonios que sustentan el fallo.
Es relevante considerar que el delito de reclutamiento ilícito de menores de edad está tipificado en el artículo 162 del Código Penal de Colombia, que lo considera crimen de guerra. Por lo tanto, las personas condenadas deberán responder por su participación en este delito y por el daño ocasionado a las víctimas, muchas de las cuales quedaron expuestas a violencia, desplazamiento y vulneración de derechos fundamentales.
Las zonas más afectadas como Antioquia, Chocó, Risaralda, Valle del Cauca, Bolívar presentan condiciones estructurales que favorecen este tipo de delitos: pobreza, desplazamiento, debilidad institucional, presencia de cultivos ilícitos y disputa territorial por parte de actores armados ilegales. La evidencia del sistema de reclutamiento del ELN en estas regiones refuerza la necesidad de acciones integrales de prevención, protección de víctimas y judicialización.
El fallo también envía una señal clara de la capacidad del sistema judicial para avanzar contra los eslabones medios y altos de las estructuras armadas que operan en el país, y para traducir la política de derechos humanos en decisiones judiciales concretas. Por disposición del juez de conocimiento, la condena contra estas 11 personas se conocerá en febrero de 2026.