Los 32 gobernadores no solo exigen la derogatoria de las medidas cuestionadas, sino garantías reales de seguridad y control territorial
La Federación Nacional de Departamentos elevó su voz de protesta en una Asamblea General Extraordinaria, denunciando lo que califican como una «asfixia» sistemática de las regiones por parte del Gobierno Nacional. La controversia gira en torno a decisiones administrativas que, según los mandatarios territoriales, vulneran la autonomía departamental y comprometen el equilibrio fiscal descentralizado que consagra la Constitución.
El principal punto de fricción se centra en un concepto emitido por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), que bloquea la ejecución de 28,4 billones de pesos del Sistema General de Regalías. Esta decisión administrativa paraliza recursos fundamentales para la inversión social en los territorios.
Los gobernadores denuncian que el concepto del DNP impide incluir en el presupuesto de proyectos de inversión los gastos de legalización y estampillas tributarias, afectando la viabilidad financiera territorial. Esta medida desconocería el impacto real de las erogaciones legales en los costos finales de los proyectos, contraviniendo las propias «Guías de proyectos tipo» del DNP y violando el principio de programación integral establecido en el artículo 127 de la Ley 2056 de 2020.
Cuatro frentes de crisis territorial
Según el comunicado oficial de la FND, los gobernadores identifican cuatro problemas críticos que ponen en riesgo la inversión social:
1. Crisis de regalías: El concepto del DNP bloquea 28,4 billones de pesos, impidiendo la ejecución de proyectos territoriales al no permitir incluir gastos legales y tributarios en los presupuestos.
2. Inestabilidad laboral en salud: La Resolución 1597 de 2025 del Ministerio de Salud amenaza la estabilidad laboral de profesionales de la salud pública, contraviniendo la reciente reforma laboral que buscaba formalizar la vinculación y mejorar las condiciones del empleo público.
3. Demora en reforma pensional: Los territorios exigen la aplicación inmediata de la Ley 2468 de 2025 que reforma el FONPET, sancionada hace más de 40 días pero sin reglamentar, lo que mantiene en vilo la gestión eficiente de los recursos del pasivo pensional territorial.
4. Autonomía de nombramientos: Las regiones demandan el cumplimiento constitucional en los nombramientos de gerentes o jefes seccionales de entidades del orden nacional que operan en departamentos (SENA, ICBF, INVÍAS, ICA).
El gremio convocó a una mesa de trabajo urgente con el Gobierno Nacional. Los 32 gobernadores no solo exigen la derogatoria de las medidas cuestionadas, sino garantías reales de seguridad y control territorial, elementos indispensables para cualquier proceso de desarrollo regional.
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