La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos lanzó un llamado al Gobierno nacional para que no reduzca el presupuesto de la Defensoría del Pueblo y, por el contrario, se le fortalezcan los recursos.
El representante de la ONU en Colombia, Scott Campbell, advirtió que recortar los fondos de esta institución es afectar directamente la protección de los derechos humanos de millones de personas. “Invertir recursos hoy en la Defensoría del Pueblo y en la promoción y protección de los derechos humanos es quizás la inversión más inteligente que pueden hacer el Gobierno y el Congreso para prevenir la violencia y garantizar una paz duradera y un desarrollo sostenible”, señaló.
La ONU recordó que la entidad debe contar con un presupuesto adecuado conforme a los estándares internacionales, lo que implica independencia, autonomía financiera, acceso a información y capacidad de acción en todo el territorio. Campbell insistió en que el Estado colombiano debe ceñirse a los Principios de París, que establecen cómo deben operar las instituciones nacionales de derechos humanos para cumplir con su mandato.
El pronunciamiento ocurre en medio de la crisis fiscal que atraviesa el país, en la cual varias entidades públicas han sufrido reducciones presupuestales. Según la ONU, un debilitamiento de la Defensoría se daría en un momento crítico, marcado por el incremento de la violencia de grupos armados en diferentes regiones y la ausencia de presencia permanente del Estado en muchas de ellas.
“Recortar el presupuesto de la Defensoría del Pueblo es también reducir la posibilidad de acceso y garantía de los derechos humanos de millones de personas, sobre todo de las que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad”, concluyó Campbell.
El llamado internacional ya generó respuestas en el Congreso. El representante a la Cámara James Mosquera Torres expresó su respaldo a la solicitud de la ONU y afirmó que “fortalecer la Defensoría del Pueblo es cuidar la vida y los derechos de nuestras comunidades más vulnerables”.
Por su parte, la congresista Catherine Juvinao cuestionó abiertamente la intención del recorte: “Presidente Gustavo Petro: reducir el presupuesto de la Defensoría del Pueblo en año electoral, en medio de una violencia recrudecida, mientras al tiempo se aumenta el derroche en otras entidades sin mayor justificación, amenaza los derechos humanos y la democracia”.
Con este pronunciamiento, la ONU y sectores políticos ponen presión al Ejecutivo y al Legislativo para que reconsideren las decisiones fiscales que podrían afectar a una de las entidades clave en la protección de derechos en Colombia.