La Unidad Nacional de Protección (UNP) ha generado controversia tras aprobar un contrato por \$2.733 millones para la compra de 4.833 bastones de mando “rezados” y 123 mulas aperadas, destinados a comunidades indígenas en 15 departamentos del país, incluido el Chocó. El contrato fue adjudicado de manera directa a la Organización Wiwa Yugumaiun Bunkuanarrua Tayrona (OWYBT).
Aunque la iniciativa busca fortalecer la autonomía y protección cultural de los pueblos indígenas, las críticas no se han hecho esperar. Diversas voces cuestionan que, mientras la UNP argumenta no tener recursos suficientes para garantizar la seguridad de líderes sociales y candidatos en riesgo, se realicen inversiones millonarias en este tipo de elementos simbólicos y logísticos.
La discusión ha escalado a nivel nacional, dejando en evidencia la tensión entre el respeto a las tradiciones ancestrales y la urgencia de proteger vidas humanas. Mientras tanto, los elementos ya fueron asignados y empezarán a llegar a los resguardos indígenas en las próximas semanas.
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