El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Minas y Energía, radicó ante el Congreso de la República el proyecto de una nueva Ley Minera, la cual ha generado fuertes reacciones entre los gremios del sector. La iniciativa busca reformar de fondo la regulación minera en Colombia y fue elaborada tras un proceso participativo con más de 20.000 personas, entre comunidades indígenas, afrocolombianas y sectores sociales.
Según el Ministerio, este proyecto se construyó de manera democrática con 266 aportes de diversos sectores, e incluyó la consulta previa con 13.000 personas de 115 pueblos indígenas y más de 400 organizaciones afrodescendientes. También se realizaron audiencias públicas y foros con representantes del Congreso.
Sin embargo, la Asociación Colombiana de Minería (ACM) manifestó su preocupación por lo que considera un enfoque “estatista y centralista” de la iniciativa. Su presidente, Juan Camilo Nariño, advirtió que el proyecto limitaría la participación del sector privado y endurecería requisitos para la minería formal, mientras que podría abrir espacio para la minería ilegal y criminal.
“El proyecto le pone más requisitos a la minería legal, pero deja laxa la normativa frente a los mineros informales, lo que puede favorecer a estructuras criminales”, alertó Nariño, quien llamó la atención sobre los impactos en la seguridad y el desarrollo regional.
El debate apenas comienza en el Congreso, pero el país ya está dividido entre quienes ven una oportunidad para democratizar la minería y quienes temen que esta nueva ley desincentive la inversión y aumente la ilegalidad.
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