La Procuraduría General de la Nación anunció que ejercerá vigilancia preventiva sobre el registro y la actualización de las juntas de los consejos comunitarios elegidas en diciembre de 2025, con el fin de asegurar el cumplimiento de la normatividad vigente.
La medida quedó establecida mediante la Circular 001 de 2026, a través de la cual el Ministerio Público supervisará los trámites administrativos adelantados ante alcaldías, distritos y el Ministerio del Interior, entidad responsable del Registro Público Único Nacional de Consejos Comunitarios.
Según la Procuraduría, esta vigilancia busca garantizar el debido proceso administrativo, el respeto por los términos legales y la correcta atención de las impugnaciones que puedan presentarse durante estos procedimientos.
El ente de control advirtió que el incumplimiento de estas obligaciones podría generar afectaciones a los derechos colectivos de las comunidades, por lo que instó a las autoridades competentes a actuar con transparencia y responsabilidad.
Finalmente, la Procuraduría reiteró el llamado a las comunidades para que los conflictos derivados de estos procesos se resuelvan de manera autónoma, respetando sus usos y costumbres, como una forma de fortalecer la gobernabilidad y la identidad étnico-cultural en los territorios colectivos.
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