La Unidad de Restitución de Tierras (URT), a través de su Dirección Territorial Apartadó, radicó cuatro demandas para avanzar en la reparación de comunidades indígenas y afro que fueron víctimas del conflicto armado en Chocó y Antioquia. Las acciones judiciales buscan devolver más de 52.000 hectáreas a poblaciones afectadas por hechos como asesinatos de líderes, secuestros, desplazamientos y abandono forzado de sus territorios ancestrales.
Las demandas están dirigidas a beneficiar a los resguardos indígenas Río Alto San Juan y Mamey de Dipurdú, y a los consejos comunitarios afro La Nueva y Bocas del Atrato, ubicados en Carmen del Darién, Riosucio, Turbo y San Pedro de Urabá. En total, más de 2.200 personas pertenecientes a 678 familias esperan que estos procesos brinden justicia y garanticen su derecho al territorio.
José Alberto Kunzell, director de la URT Apartadó, señaló que estas acciones representan un avance crucial en la política pública de restitución. Aseguró que la entidad mantiene su compromiso de garantizar reparación integral a quienes sufrieron el conflicto: «Sí es posible restituir tierras en el Urabá», afirmó, destacando la importancia del fortalecimiento territorial y cultural para estas comunidades.
Los consejos comunitarios involucrados tienen territorios de gran extensión. Bocas del Atrato supera las 34.000 hectáreas, con más de 600 habitantes, mientras que La Nueva cuenta con 15.000 hectáreas y alrededor de 250 familias que esperan recuperar su autonomía y continuar protegiendo el medio ambiente y su identidad colectiva.
Hasta la fecha, la URT Apartadó ha logrado cuatro sentencias que han permitido restituir cerca de 7.000 hectáreas a comunidades étnicas. Actualmente, mantiene en curso 46 demandas adicionales, lo que demuestra el avance y la persistencia en la búsqueda de justicia territorial para los pueblos históricamente afectados.
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