El municipio de Riosucio, Chocó, vuelve a vivir momentos de gran temor ante la persistente lluvia y la creciente del río Atrato, que silenciosamente comienza a inundar calles en varios sectores del casco urbano. Los habitantes reviven la angustia de años anteriores, donde el agua invade sus hogares y, una vez que el nivel desciende, las promesas de obras y dragado por parte de las autoridades parecen desvanecerse con el lodo, dejando a la comunidad en un ciclo de abandono y vulnerabilidad. 
La comunidad expresa su desesperación con frases como: “Que el todo poderoso nos ayude”, mientras se preparan para el ritual anual de asegurar sus pertenencias en tabancos ante la inminente inundación. Este ciclo se traduce en pérdidas significativas: destrucción de cultivos, daños estructurales en viviendas, interrupción de la movilidad y, trágicamente, la pérdida de vidas infantiles por inmersión. La vida cotidiana se vuelve una lucha constante contra la fuerza del río. 
Paradójicamente, el Atrato, fuente de vida para Riosucio, se convierte en su mayor amenaza. A pesar de que la Corte Constitucional lo reconoció como sujeto de derechos en la Sentencia T-622 de 2016, obligando al Estado a protegerlo y restaurarlo, esta directriz parece ignorada. La sentencia duerme en los archivos mientras el río sigue creciendo y el abandono institucional se mantiene. 
Ante esta realidad, la esperanza de Riosucio se aferra a que el río deje de ser un símbolo de tragedia y vuelva a ser fuente de vida. Se hace un llamado urgente a las entidades competentes para que la memoria del río se respete, las promesas se conviertan en acciones concretas y se implementen medidas de protección que garanticen la seguridad y el futuro de sus habitantes.
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