La oficina de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) en Apartadó, en el Urabá antioqueño, cesará operaciones a finales de junio debido a recortes presupuestales, según confirmaron voceros de la entidad. Esta decisión representa un retroceso en la capacidad de respuesta humanitaria en una de las regiones más impactadas por el desplazamiento forzado y el tránsito migratorio en Colombia.
Desde su instalación en 2018, esta sede ha brindado acompañamiento a más de 300.000 personas, incluyendo víctimas del conflicto armado provenientes del Urabá chocoano, como Riosucio, así como migrantes en tránsito hacia Centroamérica y Norteamérica. Solo en lo corrido de 2025, cerca de 8.000 personas habían sido atendidas en esta zona.
Elisa Carlaccini, jefa de la oficina Noroccidental de ACNUR en Colombia, explicó que el cierre responde a la crisis de financiamiento global que afecta a varias agencias de Naciones Unidas. “Reducir nuestra presencia significa también imposibilidad de responder, acompañar, proporcionar asistencia humanitaria y oportunidades de inclusión e integración”, afirmó.
Aunque este año se ha registrado un leve descenso en los flujos migratorios hacia el norte, ACNUR ha advertido sobre el aumento de personas que retornan a Colombia desde Centroamérica, fenómeno que ha denominado “migración a la inversa”. En lo que va del año, alrededor de 9.000 personas han regresado por el Golfo de Urabá, en su mayoría venezolanos, ecuatorianos y haitianos.
En paralelo, la selva del Darién sigue siendo una de las rutas más transitadas y peligrosas del continente. Más de 900.000 personas la han cruzado entre 2023 y 2024, lo que subraya la urgencia de mantener mecanismos de atención y protección en puntos estratégicos como Urabá. Con el cierre de esta oficina, se agudiza la preocupación por la falta de apoyo a quienes más lo necesitan en una zona clave para el tránsito, retorno y asentamiento de poblaciones en situación de alta vulnerabilidad.